Una rosca que pendula entre el Ministerio de Trabajo y la Justicia empuja a la UTA a una elección eterna

A pesar de haber terminado el proceso electoral que dio por ganador a Roberto Fernández en la UTA, aún queda pendiente que se resuelva la situación en cinco seccionales en las que se intenta discutir el resultado. Embarrada en un lodo de expedientes y a más de seis meses de haberse realizado las elecciones, la oposición aún no quiere dar vuelta la página.

El péndulo entre recursos judiciales y administrativos ante el Ministerio de Trabajo que viene presentando la oposición desde el mismo 6 de diciembre, día en que se escrutaron los resultados del proceso electoral en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) dan cuenta de un sin fin de maniobras en las que se juegan intereses y tráfico de influencias. Y lo peor es que en estos momentos la voluntad de los afiliados, que dio por ganador al oficialismo por más de 10.000 votos, es vilipendiada por poderes ajenos al sindicato. 

La cronología da cuenta de que el 1 y 2 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones que por 68% contra 32% dio por ganadora a la oficialista lista Celeste y Blanca de Roberto Fernández versus la lista Azul de Miguel Bustinduy, dirigente promovido por la familia Moyano.

Después del 6 de diciembre, día del escrutinio final, comenzaron los planteos judiciales: la oposición, representada por el abogado laboralista Leandro Recalde y el apoderado y ex integrante del oficialismo, Carlos Franco, impugnaron la elección. Y a la par en otras acciones judiciales, desconocen el Estatuto de la UTA en el tema que refiere al «Distrito Único«, condición que rige desde hace 30 años y que se encontraba vigente y fue aceptada por las partes en disputa. 

Para que se entienda a qué refiere esa institución: al igual que ocurre en las elecciones ejecutivas del país donde impera el sistema D´Hont para la distribución de cargos entre las listas, en la UTA el «Distrito Único» establece que la lista que gana se lleva todos los cargos.

Anclados sobre esta premisa de no aplicar esa cláusula se apoyaron los abogados que accionan judicialmente los procesos electorales de las seccionales de Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; sosteniendo un triunfo en esos distritos por considerarlos autónomos del resultado nacional intentando invalidar la cláusula del «Distrito Único». Sin embargo, la cartera laboral que conduce Raquel “Kelly” Olmos ya había ratificado el resultado electoral convalidando el triunfo de Fernández.

Pasada la medianoche del 3 de enero de 2023 se hizo el acto de proclamación y posesión de cargos, evento del que también participó Trabajo, hubo más novedades: horas después, los abogados de la Azul junto a un escribano notificaron una medida cautelar que había emitido un juez de feria, aunque un juez ordinario ya la había rechazado, en el que le indicaba a la Junta Electoral que dejase sin efecto la proclamación de autoridades.

Contradicción: por un lado, intentan invalidar las elecciones; y por otro, le dan validez para proclamarse ganadores en cinco seccionales. Y todo ello ocurre en una misma autoridad judicial.

Comenzaron así los idas y vueltas y hoy todo se dirime entre la Sala I de la Cámara de Apelaciones y el Ministerio: es que por un lado y una vez más, la Sala I levantó la suspensión del proceso que había dictado el juez natural por esa misma contradicción y Recalde recurrió al Ministerio con esa resolución y llamativamente Trabajo, que no había intervenido hasta ese momento, le consultó a la Sala I sobre los pasos a seguir.

Fue así que los jueces le ordena al Ministerio que se emitan las certificaciones de autoridades locales provisorias a favor de los integrantes de la lista Azul de esas cinco seccionales, a pesar de que regía la cláusula de “Distrito Único». Llamativo también que Trabajo de Nación emita certificaciones locales cuando está fuera de su competencia. A la par, la cartera laboral emite la certificación definitiva de autoridades en el resto del país a los dirigentes de la lista de Roberto Fernández.

Ante esta situación los abogados de la UTA presentaron ante la Sala I varios recursos extraordinarios. En paralelo recurrieron al Ministerio de Trabajo pidiendo la nulidad de las certificaciones y a los juzgados contencioso administrativo en donde asentaron una acción de amparo con pedido de medida cautelar. 

Antecedentes de una disputa sin fin

En las elecciones anteriores de 2019 la interna entre Fernández y Bustinduy ya venía a los chispazos porque es condición obligatoria, también por Estatuto, que las listas presenten todos los candidatos que se necesitan para cubrir los cargos en todo el país: hablamos de más de 600 trabajadores/afiliados. En aquel entonces ya había habido cruces porque la oposición no había podido cumplir con este requisito y quedó fuera de competencia. 

A esto se le suma que el 16 de diciembre de 2019, unas 600 personas -de las 1.500 que estaban en la puerta del sindicato- tomaron el edificio central en el que no solo destrozaron las instalaciones sino que se robaron mobiliario y regalos para los afiliados que se iban a repartir en la fiesta de fin de año hiriendo al personal que se encontraban en la UTA. Por esta causa penal hay solo 4 procesados.

El planeta Moyano orbita la UTA desde hace añares: en 2011 fallece el predecesor de Roberto Fernández y amigo de Hugo Moyano, Juan Manuel Palacios. El camionero soñó con que ese era su momento para quedarse con la UTA. Como una continuidad de su padre, Facundo promovió para estas elecciones de 2022 a la lista del marplatense Maximiliano Escriba, que responde a Bustinduy; quienes se encuentran encausados judicialmente desde 2019 por la toma de la sede del sindicato local; situación que se repitió en los últimos tiempos.