
El Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Río Tercero denunció un lockout patronal ante el Ministerio de Trabajo provincial tras la paralización de la planta y el retiro de productos sin explicación. Crecen los temores por despidos masivos o una posible venta de la empresa.
La situación en la planta de la Petroquímica Río Tercero se tornó crítica tras la paralización total de su producción desde el martes. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), perteneciente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA), denunció ante el Ministerio de Trabajo provincial un lockout patronal y exige explicaciones urgentes a la empresa, que mantiene un preocupante silencio frente a los trabajadores.
Gabriel Cuaino, secretario general del SPIQyP local, confirmó a InfoGremiales que se presentó una denuncia formal y que el Ministerio otorgó 48 horas hábiles para que la compañía aclare la situación. “Le metimos una denuncia en el ministerio por lockout patronal. También pedimos que los emplacen para que digan qué está pasando. Entre el lunes y el martes tienen que presentar esos papeles”, señaló. Aunque los trabajadores siguen entrando a la planta, la incertidumbre domina el ambiente.
Mientras la empresa evita brindar información oficial, se han observado movimientos llamativos en las instalaciones. “Están vaciando la planta, sacando en camiones los productos que quedan. Dicen que los están vendiendo, pero nosotros sospechamos que una vez que saquen todo algo va a pasar: o despidos, o venta de la empresa”, aseguraron fuentes involucradas a InfoGremiales.

También hay rumores sobre la reciente presencia de Mauricio Filiberti, empresario conocido como “el señor del cloro” y titular de Transclor, alimentando ideas sobre una posible operación de traspaso.
La planta, que hace apenas un año contaba con 375 trabajadores, ha reducido su plantilla a solo 250 empleados, en el marco de una severa crisis que golpea al sector industrial en Córdoba. Según Lucas Felici, otro referente del sindicato, la empresa ha desplegado fuerzas policiales en las inmediaciones, lo que para los trabajadores representa una forma de intimidación. “Nos vigilan como si fuéramos delincuentes. La producción se detuvo hace dos días; esto es un lockout y lo denunciamos”, declaró a medios locales.
El SPIQyP insiste en que la planta debe continuar operando y que se garantice la estabilidad laboral de sus trabajadores. “Queremos trabajar, nuestras familias dependen de este empleo”, concluyeron los empleados.