«A nosotros nadie nos comunicó nada», aseguró esta mañana Rubén «Pollo» Sobrero sobre la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo para frenar el paro de trenes. Desde la cartera laboral aseguraron que enviaron «la cédula» a los sindicatos y que habrá sanciones por el incumplimiento.
A pesar de la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo, el sindicato de La Fraternidad y la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria mantienen el paro de trenes que estaba previsto para hoy en reclamo de un bono de 50 mil pesos para los jubilados.
«A nosotros nadie nos comunicó nada», le dijo Rubén «Pollo» Sobrero a FM Rock&Pop. «Estuve hablando hasta última hora con los compañeros de La Fraternidad y nadie nos avisó nada».
«Por primera vez en la historia hay un gremio que se acuerda de sus jubilados» argumentó y siguió: «Estamos pidiendo un bono para que los jubilados puedan estar un poco mejor nada más».
Y deslizó: «Todo el mundo sabía que el 8 íbamos a parar y nos tomaron en joda».
Sobrero y Omar Maturano fueron los dos gremios que sostuvieron la protesta a pesar de la decisión del Ministerio de Trabajo. Desde la cartera que lidera Raquel «Kelly» Olmos desmintieron que no hayan anoticiado a los gremios.
«Previamente a mandar la conciliación a los medios se notifica a las partes, una vez notificada la comunicamos a medios», le dijeron a InfoGremiales voceros de la cartera laboral.
Según explicaron como la huelga inicialmente convocada por la Ugatt, organización que no tiene personería gremial, la información de la conciliación se envió gremio por gremio.
Además remarcaron que «desde las 6 de la mañana hay inspectores del ministerio labrando actas para certificar en el lugar el incumplimiento. Eso habilita a generar inicialmente multas».
Las sanciones por no incumplir la conciliación obligatoria, algo que es considerado una falta grave, suelen iniciar con severas multas y podría ir creciendo en caso de reiterar la conducta.
Las infracciones que pueden aplicarse llegan desde multa del 50% al 2.000% del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.
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