Se aproximan momentos decisivas para el futuro del empleo público. Es que en cuestión de horas, el próximo 31 de marzo, vencen casi 25 mil contratos de trabajadores del Estado Nacional y se teme por la peor tanda de cesantías masivas de los últimos años. Las estimaciones sobre el futuro cercano son variadas, pero todas hablan de miles de despidos.
El foco estará puesto en el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, virtualmente designado como la cocina del achique del Estado por Cambiemos, ya que desde allí saldrán las órdenes para renovar o discontinuar puestos de trabajo que hace años se desempeñan con distintas modalidades de contratación.
La situación es angustiante, es que producto del Decreto firmado por Mauricio Macri a fines de diciembre, hasta el 31 de marzo no sólo están en riesgo los 25 mil empleados cuyas renovaciones automáticas fueron sólo hasta esa fecha, sino también quienes pasaron a planta transitoria y permanente en los últimos años.
Frente a este panorama las perspectivas son más que complejas. Aunque desde el Gobierno dejaron trascender que en las próximas horas habría al menos 1.500 despidos, los números que manejan desde los gremios son bastante peores. Los pronósticos más pesimistas de fuentes sindicales consultadas por InfoGremiales temen que el número alcance las 18 mil cesantías.
Cualquiera sea el número final, ATE Capital ya se prepara para enfrentar su semana más dura. Desde hace días organiza con las comisiones internas de cada organismo jornadas de protesta, movilizaciones, alertas y una vigilia para tratar de revertir todas las situaciones que se produzcan en las próximas horas.
La idea de ATE es un plan de lucha que vaya in crescendo hasta llegar a su puntó máximo el 31 de marzo, con toda la fuerza militante a disposición para enfrentar las cesantías que se vayan a producir.
En la vereda de en frente la cosa es bien distinta. Ddesde UPCN siguen en silencio ante lo que ocurre. Desde el gremio que lidera Andrés Rodriguez mantienen su política de aislar a ATE en los conflictos y negociar los listados de despedidos a puertas cerradas.
Además de los miles de empleos, están en riesgos decenas de políticas públicas que podrían verse vaciadas y desmanteladas a partir de la falta de personal. La reducción del Estado es un hecho, parece que sólo falta ver cuál será la magnitud.
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