La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), que lidera Juan Carlos Schmid, repudió «la decisión del Gobierno de cargar costos al sindicalismo por la marcha del 27» de diciembre a Tribunales en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU), y ratificó su participación en el paro y movilización de la CGT del 24 de enero.
Schmid apuntó hoy en un documento contra el Gobierno del presidente Javier Milei, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación intimase al sindicalismo a pagar «los costos operativos de la jornada de protesta del 27 de diciembre último en la Plaza Lavalle».
«Esta disposición avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el contexto del establecimiento de un gobierno autocrático. En un acto intimidatorio y anticonstitucional, Milei intimó a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la cartera de Seguridad y bajo amenaza de apercibimiento a pagar 40.419.227,56 pesos», afirmó.
El dirigente gremial e integrante del consejo directivo de la CGT sostuvo que el Gobierno basó la decisión en la necesidad de cubrir «los costos operativos que produjo la movilización sindical», y agregó que «con ridícula soberbia el Ejecutivo se ubica por encima del mandato democrático en nombre de falsas interpretaciones y violenta la Constitución».
Schmid enfatizó que el Gobierno pretende «llevarse por delante toda la representación popular y abonar el terreno de la represión, porque para su interpretación la violencia política es un apéndice del sometimiento del pueblo a políticas de hambre y entrega».
El también titular nacional del Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento (Dragybal) aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, procura «atemorizar a los trabajadores, silenciar las voces y cercenar la libertad sindical», y dijo «no estar sorprendido por su vocación violenta y antigremial», aunque sostuvo que «la unidad es superior al conflicto y el movimiento obrero no retrocederá frente a las amenazas».
«El Gobierno libertario promueve la supresión del derecho humano a la protesta mientras encubre el tremendo costo social de la política de shock, que agrede a vastos sectores. La criminalización de la protesta, que equipara a los trabajadores con delincuentes, es una ideología arcaica que sume al país en las sombras del autoritarismo político«, enfatizó.
Además, la Fempinra ratificó que participará en la huelga nacional de 12 horas y la movilización hacia el Congreso el 24 de este mes, convocado por la CGT contra el DNU y la ley ómnibus, y sostuvo que «se volverá a las calles y se parará la actividad, porque el Gobierno se equivoca si cree o espera la rendición del movimiento obrero, ya que la historia demostró y demuestra que los únicos vencidos son aquellos que no luchan».
Para Schmid, la intimación a pagar los costos operativos al sindicalismo «es digna de los exégetas de la última dictadura cívico-militar», y convocó a «la consolidación de la férrea unidad de concepción y de acción en defensa de la Patria y el pueblo trabajador».
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