Reforma laboral: La Justicia de Tucumán declaró inconstitucional el pago en cuotas de indemnizaciones y ordenó abonar $8,2 millones en un solo pago

El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación rechazó el pedido de una empresa de calzados para cancelar una indemnización en 12 cuotas por una condena laboral, al considerar que el artículo 56 de la Ley 27.802 vulnera el derecho de propiedad y el principio protectorio. El fallo tuvo en cuenta que la firma tenía activos por más de $1.261 millones y disponibilidades líquidas por casi $173 millones, por lo que no se acreditaba un riesgo para su continuidad.

La reforma laboral sumó un nuevo revés judicial en Tucumán. El Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.802 que permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) pagar en cuotas las indemnizaciones y otras condenas judiciales. En consecuencia, ordenó a una firma del rubro de calzados abonar en un solo pago más de $8,2 millones a una exempleada despedida, según informó Contexto Tucumán. La resolución fue dictada por el juez Carlos Frascarolo, quien rechazó el planteo de la empresa para cancelar en 12 mensualidades consecutivas una deuda de $8.265.686,74.

El conflicto se originó cuando la firma invocó su condición de MiPyME y argumentó que atravesaba dificultades económico-financieras para solicitar el beneficio previsto en la nueva legislación laboral. Sin embargo, el magistrado consideró que la posibilidad de imponer unilateralmente un pago fraccionado vulnera derechos constitucionales de la trabajadora, especialmente cuando se trata de un crédito laboral reconocido mediante una sentencia firme. El eje de la discusión está en el artículo 56 de la Ley 27.802, que modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y habilitó a las MiPyMEs a cancelar condenas judiciales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

Para Frascarolo, este mecanismo afecta el derecho de propiedad de la trabajadora, protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional, y el principio protectorio del derecho laboral, establecido en el artículo 14 bis. En su fundamentación, el juez sostuvo que obligar a una empleada a esperar un año más para cobrar una indemnización ya reconocida judicialmente implica trasladarle las consecuencias económicas del incumplimiento de su empleador. También cuestionó que la norma genere una situación de desigualdad: una empresa que cumple voluntariamente con sus obligaciones no tiene ese beneficio, mientras que otra que incumple y termina condenada judicialmente puede acceder a una facilidad de pago.

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Otro de los elementos considerados fue la situación patrimonial de la firma. Si bien la empresa presentó su certificado de inscripción como MiPyME y argumentó dificultades económicas, el análisis de sus balances mostró que registraba activos por más de $1.261 millones, un patrimonio neto superior a $625 millones y disponibilidades líquidas por casi $173 millones. Para el magistrado, esos datos no demostraban que el pago inmediato de la indemnización pusiera en riesgo la continuidad de la actividad comercial o los puestos de trabajo.

Además, el juez tuvo en cuenta también que la trabajadora ya había atravesado un proceso judicial de 19 meses para obtener el reconocimiento de su indemnización. Permitirle a la empresa extender el cobro durante otros 12 meses afectaría el derecho a una tutela judicial efectiva, dejando a la trabajadora en una situación de mayor vulnerabilidad. El fallo de Tucumán se suma a una serie de pronunciamientos judiciales que vienen declarando la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral, en un contexto donde la Justicia comienza a poner límites a los alcances de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.