El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció por presunto mal desempeño al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, tras dictar una cautelar que suspendió artículos clave de la Ley de Modernización Laboral.
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por presunto mal desempeño contra el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, y solicitó su suspensión preventiva y posterior remoción. La medida responde a la decisión del magistrado de dictar una cautelar que suspendió la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La denuncia, interpuesta por Juan Méndez, presidente del MEAB, fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Según el escrito, Ojeda habría incurrido en múltiples irregularidades procesales al intervenir en la causa iniciada por la CGT contra la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, entre ellas haber asumido competencia que, para el denunciante, corresponde a la justicia federal y no al fuero laboral.
El MEAB sostiene que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya se declaró competente el pasado 10 de abril, pero que Ojeda habría desconocido o rechazado esa decisión y continuó interviniendo en el expediente. Además, el escrito señala que el magistrado omitió pronunciarse sobre planteos esenciales de jurisdicción, como la ausencia de un “caso” concreto y la falta de legitimación activa de la parte actora.
Un punto central de la denuncia es la medida cautelar dictada por Ojeda el 30 de marzo pasado, que suspendió con alcance colectivo varios artículos de la ley. Según el MEAB, la decisión fue tomada “en pocos días, sin sustanciación adecuada del expediente y sin observar los requisitos legales y jurisprudenciales” para medidas de semejante impacto sobre leyes sancionadas por el Congreso. El denunciante agrega que la cautelar afectó artículos que ni siquiera habían sido pedidos explícitamente en la demanda.
Entre otras irregularidades, la presentación menciona una resolución del 17 de abril en la que Ojeda excluyó al Procurador y a los Subprocuradores del Tesoro de la Nación del patrocinio letrado del Estado Nacional, argumentando falta de matrícula profesional. El MEAB sostiene que esa interpretación contradice la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que exime de ese requisito a dichos funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
Para el movimiento de empresarios, el conjunto de las conductas atribuidas a Ojeda configura un supuesto de mal desempeño, apartamiento reiterado del derecho aplicable, pérdida de imparcialidad y vulneración del principio de división de poderes. Por ello, el movimiento empresarial solicitó al Consejo de la Magistratura la apertura de un expediente disciplinario, la suspensión preventiva del magistrado y la posterior formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
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