El juez Raúl Ojeda aceptó el reclamo de la CGT y excluyó a Sebastián Amerio y a dos subprocuradores por «incompatibilidad» con sus cargos. En la Procuración del Tesoro calificaron la decisión como «una aberración absoluta» y analizan ampliar el recurso per saltum ante la Corte Suprema. Los derechos de los trabajadores siguen enmarañados en una pulseada entre el Poder Judicial y Casa Rosada.

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda resolvió este viernes apartar al procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y a dos de sus subprocuradores del patrocinio letrado en la causa judicial donde la Confederación General del Trabajo (CGT) logró suspender 82 artículos de la Ley de Reforma Laboral. La decisión, que acepta un reclamo de la central obrera, abre un nuevo frente de tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

El magistrado sostuvo que Amerio se presentó «como patrocinante letrado sin contar con matrícula profesional» y que además no puede ejercer como abogado «por incompatibilidad» con su cargo como funcionario en la Procuración del Tesoro. En la misma resolución, Ojeda también ordenó la «exclusión por incompatibilidad» de los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.

«Hágase saber a la letrada apoderada de la demandada que deberá abstenerse en lo sucesivo de presentar escritos con patrocinio letrado de las mencionadas autoridades nacionales», dictaminó el juez.

La decisión judicial llega apenas dos días después de que el Gobierno presentara ante la Corte Suprema un recurso extraordinario de per saltum, solicitando que el máximo tribunal levante la suspensión de los 82 artículos clave de la reforma laboral sancionada por el Congreso. Ese recurso, presentado por la abogada Mayra Rafaela Cosentino, también lleva el patrocinio letrado de Amerio y Castro Videla, quienes ahora podrían ser apartados si la Corte aplica el mismo criterio que el juez Ojeda.

La resolución del magistrado complica la estrategia judicial del Ejecutivo, que busca acelerar los tiempos en la Corte para revertir la suspensión de la reforma laboral, considerada una de las banderas centrales de la gestión.

En el organismo que conduce los abogados del Estado Nacional, la reacción no se hizo esperar. Fuentes de la Procuración calificaron la decisión de Ojeda como «una aberración absoluta» y aseguraron que están evaluando denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura.

Las mismas fuentes señalaron que el juez Ojeda ya había sido inhibido por la jueza federal Macarena Marras Gimenez, lo que agrega un elemento más de controversia a su actuación. «Estamos considerando denunciarlo por abuso de poder», advirtieron.

Paradójicamente, en la Procuración del Tesoro también vislumbran un posible efecto positivo del fallo de Ojeda. Fuentes del organismo manifestaron su esperanza de que esta decisión pueda «acelerar los tiempos de la Corte» respecto del recurso per saltum.

«Vamos a ampliar el per saltum. Es un atentado directo contra la división de poderes. Nos está dando el elemento perfecto para que la Corte avance más rápido», señalaron, en un intento por transformar el revés judicial en una oportunidad procesal.