Personal de casas particulares, contra la derogación de la doble indemnización: «Muchas compañeras perdieron el trabajo porque nuestro sector depende del salario de otro trabajador y el DNU nos termina de aniquilar»

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 publicado en el Boletín Oficial deroga la doble indemnización para el personal de casas particulares en los casos en que, al momento del despido, la relación laboral no estuviera registrada, medida que fue calificada como «nefasta» por el sindicato que agrupa a las trabajadoras del sector y advirtieron que «es un guiño para que siga extendiéndose el trabajo sin derechos».

Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) señalaron este mediodía a Télam que «la eliminación de la doble indemnización para el sector informal de trabajadoras de casas particulares es un guiño para que siga extendiéndose el trabajo sin derechos en nuestro sector, que ya alcanza al 73% de las trabajadoras».

«La inflación de los últimos días nos perjudica, ya que muchas compañeras perdieron el trabajo porque nuestro sector depende del salario de otro trabajador. Y ahora este DNU nos termina de aniquilar en su totalidad; es nefasto», aseguró a Télam María del Carmen Díaz, secretaria general del SiTraCP.

En una serie de medidas dadas a conocer anoche por el presidente Javier Milei, en cadena nacional para desregular la economía, se derogó el artículo 50 de la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

«La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente», se indicaba en el artículo 50 que fue anulado en el DNU.

A través del artículo 58 del DNU, publicado hoy en el Boletín Oficial, quedó derogado el agravamiento por ausencia o deficiencia en la registración de las trabajadoras de casas particulares en caso de despido.

Frente a la nueva medida, Díaz apuntó que el impacto de la eliminación de la doble indemnización «es total, ya que, al empeorar la situación económica del país, va a haber más despidos y las trabajadoras que ya de por sí cobran salarios de hambre, ahora se van a quedar en la calle por nada».

A su vez, el SiTraCP destacó la necesidad de proponer «un paro nacional y un plan de lucha del conjunto de los sindicatos y centrales obreras para parar la política antiobrera de Milei y defender nuestro derecho a la protesta».

Por su parte, Ludmila Fredes, licenciada en Relaciones del Trabajo y docente titular de la cátedra «Trabajo, género y economía del cuidado» de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Télam que la derogación del artículo «genera un impacto en detrimento de los derechos laborales de las trabajadoras en al menos dos dimensiones».

Por un lado, el personal que «se encuentra en situación de informalidad y precariedad a la hora de un despido sin causa o no mediado por el preaviso no va a contar con el derecho a reclamar la indemnización agravada, la cual se contemplaba para paliar los efectos negativos de la ausencia y/o deficiencia en la registración», precisó.

En este sentido, Fredes, que también está a cargo de la Dirección de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), alertó que la medida «implica una caída importante en términos económicos».

A su vez, la eliminación de la doble indemnización «desincentiva el registro, ya que las consecuencias de mantener al personal en condiciones informales y de precariedad no posee efecto o consecuencia económica para los empleadores», añadió la especialista.

Por otro lado, Fredes destacó que la composición del personal de casas particulares es predominantemente femenino y, según la última medición del Indec, la participación de las mujeres en este sector alcanza el 98%.
Para finalizar, la investigadora apuntó que la situación de estas trabajadoras «ya es de por sí compleja y esta medida no hace más que agravar la situación».

«A pesar de la existencia de Ley 26.844 que contempla derechos fundamentales para el sector, aún persisten grandes índices de informalidad y el promedio de salarios que perciben es de los más bajos de las actividades económicas», concluyó.