El gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, las cámaras empresarias y sindicatos de la actividad hidrocarburífera “blindarán” hoy Vaca Muerta de medidas de fuerza con la firma de un acta compromiso en Casa de Gobierno.
El puntal gremial para esta nueva cesión de derechos es el secretario general, Guillermo Pereyra, quien diera el puntapié para la flexibilización laboral por sector.
El también senador será el más importante de los tres dirigentes gremiales que se sentarán a la mesa. Lo secundarán Manuel Arévalo de Petroleros Jerárquicos y Víctor Cárcar de la Uocra.
El llamado “marco de entendimiento sectorial” que sellarán hoy ratifica aspectos de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo firmada en enero de 2017. Principalmente, el rol de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos como instancia de gestión conciliadora para evitar que se tomen medidas de fuerza.
Es que el acuerdo compromete a los sindicatos a no realizar ni convocar medidas de acción directa de carácter nacional o provincial que puedan afectar la actividad de los no convencionales, pero garantiza que, si se tomase esa decisión “como último recurso”, el reclamo deberá canalizarse antes a través de la comisión.
El “blindaje” tendrá por protagonistas también a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y a la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope).
En principio, no firmarían el acuerdo los representantes de Camioneros. El secretario general Carlos Roja adelantó la semana pasada al diario Río Negro que el sindicato “no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores” y que, de existir una convocatoria a medidas de fuerza, la acatarán.
La oposición al acuerdo también llegó desde el sector estatal. El secretario general de ATE y de la CTA, Carlos Quintriqueo, envió una nota al gobernador manifestando “preocupación” ante la iniciativa y reclamó que “desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores”.
“Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional, conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilando nuestros recursos”, criticó.
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