El Ministerio de Trabajo bonaerense encabezado por Walter Correa envió una carta a su par nacional, Julio Cordero, en la que le exige abstenerse de fiscalizar el cumplimiento del servicio esencial en las escuelas provinciales durante el paro de CTERA, al considerar que se trata de una intromisión en competencias no delegadas. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a su vez, instruyó a todos los equipos escolares a no suministrar información a agentes nacionales.

A horas del paro nacional docente convocado por CTERA para hoy, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Walter Correa, remitió una carta formal a la Secretaría de Trabajo de la Nación para exigir que se abstenga de verificar el cumplimiento del «servicio esencial» en las escuelas bonaerenses. La medida se da después de que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, anticipara que realizaría inspecciones a través de la Secretaría de Trabajo nacional para garantizar la cobertura mínima del 75% de personal establecida por el artículo 101 de la ley de reforma laboral.

En la carta, Correa sostiene que el artículo 101 de la Ley 27.802 «es inaplicable por definición a relaciones jurídicas que nunca estuvieron bajo la órbita de la legislación laboral nacional de fondo», ya que los docentes bonaerenses son «trabajadores del empleo público provincial, expresamente excluidos del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo». El funcionario argumenta que la educación es una competencia no delegada por las provincias a la Nación, y que la intervención de la Secretaría de Trabajo nacional configuraría un «supuesto de intervención federal no previsto en el artículo 6 de la Constitución Nacional».

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Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia envió un comunicado a todas las inspectorías y equipos de conducción de establecimientos educativos en el que instruye a «no realizar ningún tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción». El organismo fundamentó la decisión en que «la solicitud de informes por parte de una Secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local».

El cruce institucional se da en el marco del paro nacional convocado por CTERA en reclamo de una recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional docente. La medida de fuerza coincide con el inicio de la segunda mitad del año lectivo en la provincia de Buenos Aires, y tiene el respaldo de ATE, que también realiza un paro nacional y una movilización al Ministerio de Economía de la Nación.

La respuesta de la provincia de Buenos Aires es un revés para la estrategia del Gobierno nacional de aplicar la reforma laboral a la educación a como dé lugar. Mientras Capital Humano sostiene que la Ley 27.802 obliga a garantizar servicios mínimos por la famosa «esencialidad», que logra inhibir y limitar el derecho constitucional a huelga, el gobierno bonaerense insiste en la autonomía provincial para regular la educación y el ejercicio del derecho de huelga de sus empleados públicos.

La convocatoria de CTERA es acompañada por sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, adhirieron SUTEBA, la FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que la medida tiene un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense. Además, docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también se pliegan a la jornada de protesta.