El Gobierno envió hoy al Congreso y a las provincias la nueva versión de la Ley de Bases, que abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del estado, con el objetivo de avanzar con los principales lineamientos que impulsa la gestión del presidente Javier Milei. Entre los datos determinantes, aparecen 18 empresas públicas que pasarían a manos privadas. Desde Aysa, hasta los trenes y desde el Banco Nación hasta Aerolíneas Argentinas.
La segunda versión de la ley ómnibus fue recibida por los legisladores de los bloques dialoguistas, con quienes el oficialismo busca acordar antes de llegar a las instancia de debate oficial.
El proyecto titula su capítulo II Privatización de Empresas Públicas. Ya no son 40 las empresas a privatizar, ni 12 cómo había trascendido en un primer borrador de esta segunda versión sino 18.
Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA – Enarsa (Gasoductos, energía hidroeléctrica y exploración de hidrocarburos), la empresa de medios públicos Radio y Televisión Argentina e Intercargo irían a privatización directamente.
Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
A este lista se suman: Nucleoeléctrica Argentina SA (Atucha I y II), el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio para una privatización parcial.
«Dichas empresas sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.», especifica en el artículo 8 del proyecto.
En su artículo 9 da algunas indicaciones para las privatizaciones. Cuando se produzca la liquidación de empresas en las cuales el Estado nacional posea la totalidad de la participación societaria, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: a) durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes; b) los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación que estén a nombre del Estado Nacional deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y c) la Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el Decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado está a cargo de Nicolás Alberto Pakgojz, ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA como secretario de Desarrollo Urbano.
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