Mendoza: 14 decretos de cesantías, exoneraciones y suspensiones en el Ministerio de Seguridad

El Gobierno de Mendoza de Alfredo Cornejo formalizó una batería de sanciones disciplinarias que alcanza a personal policial, penitenciario y civil. Las causales van desde el abandono del servicio y las inasistencias injustificadas hasta la falta del título secundario y la acumulación de puntos disciplinarios. También se confirmaron bajas por condenas penales y se rechazaron recursos de agentes que buscaban revertir sus desvinculaciones.

El Gobierno de Mendoza publicó 14 decretos que formalizan un amplio operativo de sanciones disciplinarias, bajas y desafectaciones dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia, según informó El Sol. Las medidas, que impactan directamente sobre las condiciones laborales de cientos de trabajadores del área, incluyen cesantías, exoneraciones y suspensiones que afectan tanto a personal policial y penitenciario como a empleados civiles de la planta permanente. La batería de resoluciones confirma un proceso de depuración administrativa que se venía gestando en la cartera que conduce Alfredo Cornejo.

Entre los motivos que fundamentan las sanciones más severas se encuentran el abandono del servicio, las inasistencias injustificadas, la falta de acreditación del título secundario y la acumulación de puntos disciplinarios. Las resoluciones también abordan casos de agentes que habían sido designados de manera provisoria y que, tras verse involucrados en investigaciones judiciales o sumarios administrativos, no lograron confirmar su continuidad en las fuerzas. En este último grupo se incluyen desafectaciones de auxiliares policiales investigados por amenazas agravadas y presunta estafa, a quienes el Ejecutivo apartó del cargo antes de que se cumpliera el período de interinidad.

Los decretos también confirman la exoneración de un exsubcomisario condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de concusión y allanamiento ilegal. La defensa del exfuncionario había solicitado que se consideraran sus antecedentes, pero el Gobierno sostuvo que una condena firme por un delito doloso constituye una causal de exoneración prevista en la Ley 6722, independientemente de que la pena fuera de ejecución condicional. Asimismo, se ratificaron bajas obligatorias por acumulación de puntos disciplinarios, como el caso de un exoficial ayudante que sumó más de 200 puntos en diez años, y otro que acumuló 107 puntos entre 2017 y 2020.

Las suspensiones también ocupan un lugar central en la avanzada disciplinaria. Se confirmó una sanción de 50 días para una suboficial del Servicio Penitenciario y otra de diez días para una efectivo policial, ambas por infracciones a los regímenes disciplinarios. En el plano de las cesantías, los decretos ratificaron la desvinculación de tres penitenciarios que no acreditaron la finalización de sus estudios secundarios, un requisito indispensable para permanecer en la fuerza, y de un empleado civil de planta permanente que no prestaba servicios efectivos en la Dirección de Capital Humano, con ausencias que superaron el período permitido por la Ley 9103.

El conjunto de estas medidas expone una faceta del ajuste en el sector público que combina el control disciplinario con la reducción de la planta y la revisión de designaciones provisorias. Mientras el Gobierno provincial avanza con estas 14 resoluciones, los trabajadores alcanzados enfrentan un escenario de incertidumbre laboral y de pérdida de sus puestos, en un contexto donde las causales administrativas se entrelazan con investigaciones penales y con el cumplimiento de requisitos formales que, en algunos casos, datan de años atrás.