La Reforma Laboral se lleva puesta la ultractividad: El Gobierno intimó a renegociar 446 convenios colectivos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, convocó a empresarios y gremios a rediscutir todos los acuerdos vencidos. La cifra original de 150 convenios trepó a 446 tras la reglamentación de la llamada Ley de Modernización Laboral. Las cláusulas obligacionales, como las cuotas solidarias, caducan automáticamente y marcan el fin de la ultraactividad.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, formalizó este jueves la convocatoria a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar 446 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. La medida, que representa una ampliación significativa de la cifra originalmente estimada en 150 acuerdos, es uno de los primeros efectos concretos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802), impulsada por la actual administración.

El anuncio fue realizado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y confirmado a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del Ministerio. Allí se indicó que “se dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral” con el objetivo de que “las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes”.

La clave del cambio normativo reside en la modificación del principio de ultraactividad, que hasta ahora sostenía la vigencia de un convenio colectivo incluso después de su vencimiento, hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Ese mecanismo, defendido históricamente por los gremios, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos ante eventuales estancamientos en las paritarias.

Con la nueva ley, la ultraactividad se mantiene únicamente para las denominadas cláusulas normativas (las que definen condiciones de trabajo, como jornada, categorías y salarios básicos). En cambio, las cláusulas obligacionales, entre las que se encuentran las cuotas solidarias, aportes compulsivos a obras sociales sindicales y otros acuerdos económicos entre empleadores y gremios, caducan automáticamente al momento del vencimiento del convenio.

Sin embargo, el Decreto 407/2026, que reglamentó la ley, abre la puerta a que en esta ronda de discusiones se renegocien todas las cláusulas posibles, tanto normativas como obligacionales. Eso implica que empresarios y sindicatos podrán modificar aspectos centrales de la relación laboral vigente, desde escalas salariales hasta aportes sindicales, pasando por condiciones de trabajo históricamente consagradas.

Inicialmente, el Gobierno había anticipado que la medida alcanzaría a unos 150 convenios vencidos. No obstante, la aplicación estricta de la ley y la reglamentación llevó a que la Secretaría de Trabajo intimara a renegociar 446 convenios colectivos. Fuentes oficiales explicaron que la cifra final surge de un relevamiento pormenorizado de todos los acuerdos sectoriales y de empresa que perdieron vigencia en los últimos años y que, bajo el paraguas de la ultraactividad, seguían rigiendo sin haber sido actualizados.

Entre los sectores alcanzados se encuentran comercio, industria metalúrgica, construcción, salud, transporte, y numerosos convenios de actividad y de empresa de menor escala. Cada uno de esos instrumentos deberá ser revisado íntegramente.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano justificó la medida como parte de un proceso para “fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector”.

Desde el Palacio de Hacienda, funcionarios cercanos a Cordero agregaron que el objetivo es “terminar con la eternización de convenios que no responden a las necesidades actuales del mundo del trabajo”, y destacaron que la ley respeta los derechos fundamentales de los trabajadores al mantener la ultraactividad para las cláusulas normativas.

Otro punto de conflicto es la caducidad automática de las cuotas solidarias, que representan una fuente clave de financiamiento para muchas asociaciones gremiales. Sin esos recursos, sostienen desde el sindicalismo, se debilita la capacidad de negociación y de acción sindical.

La Secretaría de Trabajo deberá ahora notificar formalmente a las partes involucradas en cada uno de los 446 convenios y establecer un cronograma de audiencias. Se espera que las primeras mesas de negociación comiencen en las próximas semanas. El oficialismo confía en que la mayoría de los acuerdos puedan ser actualizados por consenso, aunque fuentes gremiales no descartan medidas de fuerza si perciben que se pretende vulnerar derechos básicos.

El desarrollo de este proceso marcará un antes y un después en las relaciones laborales argentinas. Por primera vez en décadas, cientos de convenios vencidos deberán ser revalidados bajo nuevas reglas.