Por Eduardo Porto (@periferiacts) – En una decisión insólita la Justicia avaló la posición del gobierno de Milei, que promulgó la ley pero igual la incumple. El fuero Contencioso Administrativo le pasó la definición a la Suprema Corte.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal decidió conceder el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, lo que implica la suspensión inmediata de la medida cautelar que favorecía a las universidades hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte un fallo definitivo.
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, habilita la intervención del máximo tribunal al considerar que la disputa involucra «normas de naturaleza federal».
Así, insólitamente, la Justicia avaló la posición del gobierno nacional que en diciembre de 2025 promulgó la ley (tras vetarla, y que el Congreso rechazara el veto), pero que igualmente decidió no cumplirla.
Es decir, que la Justicia avaló el incumplimiento manifiesto de una ley votada por el Congreso. Sólo en Argentina.
La Justicia avaló la posición del gobierno de incumplir una ley que votó el Congreso
Sin embargo, los camaristas fueron duros al cuestionar parte de la apelación oficial: rechazaron los planteos de «arbitrariedad» y «gravedad institucional» esgrimidos por el Ejecutivo, señalando que la intervención de la Corte no busca reparar un interés institucional, sino un «simple interés patrimonial» del Estado.
Desde el Ministerio de Capital Humano celebraron la decisión judicial, argumentando que la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario «comprometería el equilibrio de las cuentas públicas».
En un comunicado oficial, la cartera que dirige Sandra Pettovello ratificó la vigencia del Decreto 759/25, el cual ya había suspendido la ejecución de la norma bajo la premisa de que el Congreso debe definir primero las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas entidades académicas mantienen el reclamo por los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Mientras la causa se traslada ahora al cuarto piso de Talcahuano 550, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta y activando movilizaciones en defensa del presupuesto educativo.
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