La jueza federal Martina Forns aceptó el planteo de la CICOP-Posadas y frenó por seis meses la aplicación del Sistema de Evaluación Pública en el Hospital Posadas. El gremio había denunciado que el mecanismo de examen de idoneidad impulsado por Sturzenegger era arbitrario e inconstitucional.

La jueza federal Martina Forns resolvió suspender por el plazo de seis meses la aplicación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, medida que había sido dispuesta por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La decisión judicial respondió a una presentación realizada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Posadas), encabezada por su presidenta, Mirtha Jaime, en representación de los trabajadores afiliados.

El sindicato había solicitado que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del sistema, al que calificó de “arbitrario, improcedente e inconstitucional”. Según la CICOP-Posadas, la medida del Ministerio desconocía los exámenes de idoneidad ya existentes dentro de la administración pública y configuraba un mecanismo de evaluación paralelo que atentaba contra los derechos laborales.

En su fallo, Forns determinó la suspensión de los efectos de la Resolución N° 26/24, que reglamentaba el SEP, limitando su aplicación al personal del Hospital Posadas. El freno judicial tendrá vigencia por seis meses, lapso durante el cual no podrá implementarse el nuevo sistema de evaluación en ese centro de salud.

La medida fue celebrada por los profesionales del hospital como una nueva victoria sindical, en un contexto de creciente tensión en el sector de la salud pública. En las últimas semanas, los trabajadores también se habían movilizado contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y destacaron la reciente aprobación del financiamiento para el Hospital Garrahan en el Congreso.

Desde el gremio consideraron el fallo como un reconocimiento a la legitimidad de sus reclamos y reafirmaron que seguirán defendiendo los derechos laborales y la calidad de la salud pública frente a lo que definen como políticas de ajuste.