El juez en lo Contencioso Administrativo Mariano López suspendió la venta de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine el pasivo ambiental. La decisión se suma a los cuestionamientos judiciales por las irregularidades en el Tribunal de Tasaciones.
El plan de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo 2 de La Plata, Mariano López, dictó una medida cautelar que suspende el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) hasta que se determine el pasivo ambiental de la empresa.
La resolución del magistrado hace lugar a la presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, quien denunció que el pliego de licitación no contempla «elementos básicos que garanticen el acceso al agua» e ignora la existencia de «pasivos ambientales en territorio bonaerense». El juez advirtió que el esquema de privatización «tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas», poniendo en riesgo tanto el derecho humano al agua potable como el derecho a un ambiente sano, ambos contemplados en la Constitución Nacional.
El fallo se enmarca en un creciente escrutinio judicial sobre el proceso privatizador del gobierno. Mientras se conoce la suspensión de AySA, la Justicia federal de General Roca también analiza objeciones contra la entrega de las represas hidroeléctricas del Comahue a manos del Grupo Neuss y Newsan.
En el centro de las controversias aparece la figura de Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El funcionario, designado originalmente por Mauricio Macri en 2016 y repuesto en el cargo en diciembre de 2023 como parte del acuerdo con el PRO, admitió haber comunicado al Ministerio de Economía la imposibilidad de avanzar en las tasaciones de AySA, Transener, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas e Intercargo sin consultar al resto de los integrantes del Tribunal.
Villamonte justificó su accionar unilateral amparándose en el reglamento interno que le «asigna la representación del Organismo». Sin embargo, el artículo 6 de la Resolución 72/2023 establece una limitación clave: para los asuntos «de especial importancia» el presidente debe requerir «el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado». La pregunta que el Tribunal de Tasaciones ha eludido responder es si empresas estratégicas como AySA o Nucleoeléctrica no revisten esa «especial importancia«.
En el caso particular de Nucleoeléctrica Argentina, una empresa superavitaria que ha quedado empantanada en el proceso privatizador, la tasación se habría delegado en el Banco Nación o el BICE, entidades que «no tienen especialistas para llevar a cabo esa tarea», según cuestionaron fuentes calificadas, consultadas por Ámbito Financiero. La tasación actual de la empresa oscilaría entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares.
El procedimiento denunciado, en el que intervienen el Ministerio de Economía de Luis Caputo y el Tribunal de Tasaciones, constituiría un «modus operandi» que vulnera la Ley N°21.126 al negarse a tasar bienes públicos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, principal impulsor del desguace estatal, se habrían tenido en cuenta «las consideraciones efectuadas» por el cuerpo de administradores gubernamentales del área para avanzar en las privatizaciones.
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