La Federación Sindical Marítima y Fluvial valoró la decisión del Gobierno de crear una mesa de trabajo para consensuar la normativa sobre vías navegables, pero anticipó que continuará en sesión permanente para frenar el proyecto que abre el transporte entre puertos argentinos a buques extranjeros y flexibiliza los requisitos de nacionalidad de las tripulaciones.
La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) celebró la decisión del Gobierno Nacional de suspender los efectos del Decreto N° 690 del 30 de julio de 2026, que pretendía desregular el practicaje y la baquía en las vías navegables y puertos, y reconoció la disposición oficial de crear una mesa de trabajo que reúna a las partes involucradas del sector para lograr los consensos necesarios. «Esta decisión ratifica lo que desde nuestra Federación sostuvimos desde el primer momento: el practicaje y la baquía no son meros trámites administrativos, sino funciones estratégicas esenciales para la seguridad operacional, la preservación del medio ambiente y la defensa de nuestra soberanía marítima y fluvial», afirmó el comunicado.
La entidad sindical también valoró que, en el proyecto de ley que actualmente tiene media sanción en el Congreso, se hayan retirado los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a la modificación de la ley de Manejo del Fuego, atendiendo al «unánime rechazo social y político». «Es una clara muestra de que, cuando una medida compromete los intereses soberanos de la Nación, la rectificación no solo es necesaria, sino imprescindible», sostuvo el gremio.
Sin embargo, la Fe.Si.Ma.F. advirtió que el Poder Ejecutivo lanzó una «nueva embestida» con el proyecto que pretende desregular el cabotaje nacional. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, modifica la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley N° 19.492/44) para otorgar permisos temporarios a buques extranjeros y flexibilizar los requisitos de nacionalidad de las tripulaciones. Según el gremio, esto implica «eliminar la reserva de cabotaje, flexibilizar los requisitos de nacionalidad de las tripulaciones, abrir la puerta a condiciones laborales de banderas de conveniencia, generando así una pérdida irreparable de empleo argentino, la entrega de nuestra logística soberana y el sometimiento de nuestra capacidad de transporte estratégica a intereses extranjeros».
La reforma permitiría que las navegaciones de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias, al mismo tiempo que elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días, con una escala gradual hasta un piso del 75% al año de operar. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo ya había calificado esta iniciativa como «el tiro de gracia» para la Marina Mercante. «Si esta ley avanza, quedaremos a merced de buques de otras banderas que van a imponer sus propias reglas y el valor del flete que se les antoje», advirtió el capitán Mariano Moreno.
Desde la Fe.Si.Ma.F. afirmaron con «absoluta firmeza» que ese capítulo «debe ser retirado» y convocaron a las partes, «ya sea en el ámbito privado como en el legislativo para unificar ideas sobre los proyectos vigentes y recientes en donde podamos arribar a un diseño que sirva para el sostenimiento y la construcción de una Marina Mercante robusta y Nacional». «Continuaremos en sesión permanente y alerta, trabajando sin descanso para defender el trabajo, la Marina Mercante y la Soberanía de nuestra Patria», concluyó el comunicado.




