La desregulación del Gobierno llegó a las elecciones sindicales pero generó un vacío legal que algunos califican «la ley de la selva»

(Por Pablo Maradei) El Gobierno dejó vigente el DNU 342 que implica el retiro del Estado de los procesos electorales. Aunque no habría un impacto respecto de la democracia sindical, se abre un vacío gremial que la justicia laboral, colapsada, no quiere ni puede ocupar: «Nos convierte en un verdadero cuello de botella».

A través de esa normativa, el Gobierno libertario de Javier Milei derogó las facultades que tenía la cartera laboral, ahora convertida en Secretaría, para mediar en disputas de elecciones sindicales.

Como reflejó InfoGremiales la semana pasada, el Gobierno nacional se ocupó de difundir que el DNU 342 «está en plena vigencia». Mediante esa normativa, el Gobierno modificó la Ley de Asociaciones Sindicales para restringir la intervención del Estado en las elecciones de autoridades en gremios, actuando solo para convocar elecciones en caso de acefalía y ausencia de previsiones estatutarias.

Y también intervenía para resolver cuestiones de decisiones de Juntas Electorales, que siempre son armadas por los oficialismos y enloquecen con requerimientos a las oposiciones; lo que imposibilita la democracia sindical porque cierra la participación.

La jugada dispara contrapuntos según con quién se converse.

Por ejemplo, para un dirigente sindical que es, a su vez, abogado, «la medida acorta la burocracia y me parece bien sacar a Trabajo de encima por algunas cuestiones. Primero porque saca la corrupción del medio de funcionarios de turno que valijean por los sindicatos para hacer la vista gorda o dormir expedientes». Sigue: «Por lo general la instancia administrativa siempre culmina en favor de los oficialismos por lo que dije antes y las oposiciones terminan yendo a la Justicia». Cierra: «Lo único malo de esto es que viene de parte del Gobierno de Milei y eso implica avalar desmantelamiento de estamentos del Estado que son necesarios».

Un abogado laboralista comentó en la misma línea: «Si hablamos de libertad sindical no se ve un obstáculo porque, por el contrario, es menos injerencia por parte del Estado».

Otro referente sindical del interior del país y de un espacio opositor contó a este medio que en las provincias es aún más complicado: «Recurrimos a Trabajo por un mal proceder de la Junta Electoral y no nos dieron lugar. Fuimos a la justicia y el juez local se declaró incompetente por lo que terminamos presentando nuestra queja en un juzgado federal esperando a ver si aceptan el caso».

Este medio consultó este tema con un juez de la Cámara Nacional del Trabajo quien se mostró a disgusto con la decisión del Ejecutivo nacional: «Primero se genera un vacío legal que genera porque nadie resuelve lo que hacía Trabajo».

Sigue su justificación: «El Gobierno debe tener un control de lo que pasa en los sindicatos. Si dejás de hacerlo das lugar a que todo sea la ley de la selva que la gozan los oficialismos que se quedan con el poder». Y completa: «Este sobre exceso de trabajo se da en un contexto de falta de vacantes en el fuero laboral, lo que nos convierte en un verdadero cuello de botella, lo que no es novedad sino que se agrava algo que viene de hace años».