Un informe de la CTA Autónoma advierte que, a veinte meses de gestión, las políticas de La Libertad Avanza profundizaron la precarización, redujeron el poder adquisitivo y recortaron funciones estatales clave, generando más pobreza incluso entre trabajadores ocupados.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) difundió el informe “La evolución del empleo y de los ingresos laborales a veinte meses del gobierno de La Libertad Avanza”, elaborado por el IPyPP y el IEF, en el que se alerta sobre el impacto de las políticas oficiales en el mundo del trabajo. Según el documento, el actual modelo económico “profundiza la precarización, deprime los salarios y desmantela el rol del Estado en áreas estratégicas”.
El estudio plantea que el gobierno de Javier Milei responde a una “revancha oligárquica” impulsada por grandes grupos financieros y sectores dominantes locales, con un eje en la reforma laboral. Se advierte sobre un proceso de “deslaboralización de las relaciones de trabajo” y la consolidación de un régimen ultraflexibilizado, acompañado de recortes en gasto social y desfinanciamiento estatal.
En relación con el mercado laboral, el informe señala un aumento de la informalidad, el pluriempleo y la extensión de las jornadas de trabajo, fenómenos vinculados a la pérdida de ingresos y a la incapacidad de un único empleo para sostener la reproducción material de los hogares. También destaca que la pobreza alcanza a un número creciente de ocupados. La tasa de desocupación abierta se incrementó del 6,9 % al 7,9 %. Por su parte, la subocupación aumentó del 9,4 % al 10 %.
El capítulo referido al sector privado subraya el estancamiento del empleo registrado en empresas y el peso creciente del monotributo como modalidad de inserción laboral. En paralelo, el trabajo en casas particulares aparece con alta vulnerabilidad, marcado por bajos ingresos y fuerte informalidad.
El relevamiento sobre el sector público nacional expone el impacto de la llamada “motosierra”, con reducción de dotaciones en la Administración Pública y en empresas estatales. Según el documento, el ajuste afectó áreas clave vinculadas a servicios sociales, productivos y estratégicos, debilitando la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos.
Finalmente, el informe advierte sobre la caída del poder adquisitivo de los salarios en todos los segmentos: trabajadores privados registrados, empleados públicos, no registrados y monotributistas.
«Comparando el nivel actual (mayo 2025) con el inicio de la serie (diciembre 2017), el panorama es de un deterioro estructural que está pronto a cumplir 8 años de caída sistemática de los ingresos laborales del conjunto de los asalariados formales. Las caídas respectivas a cada conjunto son las siguientes:
● Privado registrado: -20,0% aprox.
● Público: -33,0% aprox.
● Total registrado: -25,0% aprox.»
Para la CTA-A, esta dinámica configura un escenario de disciplinamiento laboral que combina ingresos deprimidos, sobrejornadas y precarización creciente.
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