La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de Equidad de Género con la presencia del triunviro de la CGT Héctor Daer, el diputado y titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, la secretaria de Género de esa central, Estela Díaz, y la secretaria adjunta de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, Dora Martínez.
El primero en exponer fue Daer, quien sostuvo que la iniciativa del Poder Ejecutivo «recicla, casi en forma de slogan, principios de igualdad que ya están consagrados legalmente» porque «los enunciados repiten lo consagrado en el plexo normativo laboral y en la Constitución Nacional».
El dirigente sindical, que expuso el rechazo de Azopardo, señaló que «lo más preocupante» del proyecto es que establece que «los códigos de conducta elaborados unilateralmente por las empresas» tengan un «rango normativo».
Daer también cuestionó la inclusión de la equidad de género en el teletrabajo, que «es una relación laboral no encuadrada en ninguna norma» y, por lo tanto, el proyecto da lugar con ello «a una precarización».
«Hay que ir al marco de la informalidad, donde quizás las compañeras son las que más padecen la informalidad», agregó el dirigente de Sanidad quien explicitó su respaldo al proyecto que presentara la diputada Vanesa Siley y que fuera elaborado por mujeres pertenecientes a la CGT, la CTA, la CTEP, y la CNCT: «Vamos a acompañar el proyecto de las Mujeres Sindicalistas, tiene un abordaje integral de la problemática»
A su turno, Díaz coincidió con que «la mayoría de los aspectos» del proyecto «son declarativos, sin mucha sustancia que transforme la desigualdad» porque «declarar igual salario por igual trabajo ya lo dice la Constitución, la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios de la OIT».
La secretaria de Género de la CTA de los Trabajadores consideró que «la brecha salarial es uno de los datos más resistentes a la transformación» pero advirtió que el proyecto en debate «ni siquiera contempla sanciones» por discriminación a la mujer.
Además, criticó que se proponga en el proyecto 10 días de licencia por violencia de género que son «fijos, sin flexibilidad» y reclamó que se sancione «una ley que en verdad amplíe licencias y que incluya políticas de cuidado que de verdad impacten en la vida de las trabajadoras».
Por último, Martínez consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo es «flexibilizador» y plantea «un modelo de Estado empresarial para pocos, donde se desfinancia la seguridad social, se desfinancia la salud pública, la previsión y la educación».
«No nos extraña que intenten poner un título que puede ser atractivo para no proponer modificar políticas de raíz», concluyó la secretaria adjunta de la CTA Autónoma.
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