La CGT condenó la intención de los libertarios y los empresarios de «disciplinar» al juez Raúl Ojeda por haber dictado una cautelar que frenó el corazón de la Reforma Laboral. Aseguró, además, que se trata de un «avance sobre poderes independientes» y de una iniciativa que «erosiona gravemente el Estado de Derecho».
La CGT cuestionó al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), conocido a través de la abogada mediática Florencia Arietto, por haber denunciado penalmente al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral en todo el territorio argentino.
«Rechazamos de plano la denuncia presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos contra el juez de Trabajo Raúl Horacio Ojeda quien, atendiendo el reclamo presentado por la CGT, dictó una medida cautelar que puso en suspenso artículos clave de la Reforma Laboral que atentan contra la propia Constitución Nacional», señalaron desde Azopardo.
Y plantearon que «aun cuando las resoluciones resulten incómodas para los gobiernos de turno, disciplinar, perseguir y amedrentar a quienes las firman no sólo implica un avance sobre poderes independientes, sino que erosiona gravemente el Estado de Derecho».
Para los cegetistas lo que ocurre es «Criminalizar un fallo judicial por su contenido» y ello «sienta un precedente peligroso: convierte la discrepancia jurídica en motivo de sanción y condiciona futuras decisiones».
«Defender la institucionalidad también es defender la autonomía del Poder Judicial. Sin independencia judicial, no hay democracia posible», concluye.
La denuncia de los empresarios libertarios solicita que se abra formalmente la investigación penal contra Raúl Horacio Ojeda, que se requiera toda la documentación del caso y que eventualmente se aplique la pena de prisión e inhabilitación prevista por el Código Penal.
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