Producción se pone en contra al gremio de Informáticos, lo trata de «obstáculo» y lo acusa de buscar «provecho individual»

Tenso cruce judicial entre el ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas y el sindicato de informáticos AGC por la reglamentación de la Ley de la Economía del Conocimiento. Según el Ministerio, el gremio persigue una agenda propia y pidió que la Justicia los castigue en forma ejemplar. El sindicato advierte que el decreto normativo agravia a toda la legislación laboral y que «de perdurar quedaría sentado un antecedente de relevante gravedad institucional».

Todo gira alrededor de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, una conquista muy apoyada por el ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Matías Kulfas. La Asociación Gremial de Computación (AGC) se puso en alerta ante la reglamentación de la normativa que permite a las empresas informáticas evadir las obligaciones para con el gremio, entre otras cuestiones más profundas.

La entidad presentó ante la justicia del Trabajo un pedido de inconstitucionalidad del decreto reglamentario de la ley, por considerar que le facilitaba a las compañías el incumplimiento de las obligaciones sindicales.

Tal como contábamos en abril, se trata del ANEXO del Decreto 1034/2020, en el quinto párrafo de su artículo 2º que dispone: “El normal cumplimiento de las obligaciones gremiales se deberá acreditar con un comprobante de libre deuda emitido por las entidades gremiales o sindicales con mayor representación, en las que se encuentren nucleados y nucleadas los trabajadores afectados y las trabajadoras afectadas a las actividades promovidas de la beneficiaria; o mediante la presentación de una declaración jurada de la que surja, según corresponda, la inexistencia de deuda”.

Desde el sindicato de trabajadoras y trabajadores informáticos AGC respondieron con vehemencia: «La reglamentación del PEN agrega con insolencia arbitraria a partir de la conjunción “o” como alternativa igualmente válida a la acreditación del requisito de la ley mediante la presentación de un certificado de libre deuda emitido por la entidad sindical respectiva, la presentación de una declaración jurada«, explicaron.

«De este modo no sólo se alteró la tipicidad que la ley impone», agregaron, «sino que oblicuamente rediseña los contornos definitorios de las “obligaciones gremiales” estableciendo categorizaciones peyorativas de las establecidas en el actual derecho positivo vigente.»

Resaltan el carácter discriminatorio que tiene esta reglamentación dado que distingue entre el personal afiliado a la organización sindical del que no. «Según este engendro reglamentario la relación laboral de un trabajador no afiliado al sindicato más representativo con su empleador no generaría “obligaciones gremiales”, bastando para acreditar su cumplimiento respecto de aquellos trabajadores afiliados una declaración jurada del empleador de la cual surja la inexistencia de deudas.», argumentaron.

El ministerio conducido por Matías Kulfas tuvo que dar explicaciones ante la justicia por esta reglamentación y en su descargo no solo rechaza la impugnación presentada sino que escala el conflicto y pide «una ejemplificadora imposición de costas a la Asociación Gremial de Computación», a la que acusa de buscar que «prevalezcan sus intereses individuales por sobre los destinatarios del beneficio», según consignó Letra P.

«La AGC pretende arrogarse controles que no le corresponden e intenta de maquillarlos en pos del bien común», acusan los letrados del Ministerio al sindicato.

Por su parte, desde AGC argumentaron que «El decreto impugnado fue escrito en tono de agravio para la existencia, vigencia, eficacia y legitimidad de la referida legislación laboral y de perdurar quedaría sentado un antecedente de relevante gravedad institucional, desatando un foco de incertidumbre conflictiva de derivaciones impredecibles.»

«Desconocer esto no puede más que interpretarse como el intento de retrogradar las conquistas de los trabajadores sindicalizados a través de sus organizaciones a estadios decimonónicos de la libertad sindical. Y lo más grotesco del decreto aquí impugnado es que el texto de la ley ni siquiera insinúa semejante estropicio normativo.», dispararon desde el gremio. Si el punto final tuviera sonido sería el de un furioso portazo.