Dos hombres de Paolo Rocca operan dentro del Ministerio de Capital Humano. Buscan quedarse con el control de los planes sociales que llegarán a la Secretaría de Trabajo. El Grupo Techint es uno de los grandes ganadores en el reparto de recursos del Gobierno Libertario.
La trama del pase de los titulares del plan Potenciar Trabajo, hasta ahora en Desarrollo Social, al Programa de Inclusión Laboral, dependiente de la Secretaría de Trabajo, sumó varios capítulos en las últimas horas. Además se metió entre las acciones bajo sospecha de la adjudicación de recursos a otro grupo económico.
A esta altura son varios los dirigentes sociales y sindicales que señalan que el Ministerio de Capital Humano, en manos de Sandra Pettovello, sería algo así como el Ministerio del Grupo Techint. Son públicos por los sólidos contactos que mantiene con el entorno de Paolo Rocca, uno de los vencedores en lo que fue el reparto de cargos y puestos clave en la gestión libertaria.
En este caso los apuntados por la maniobra son dos empleados de Techint, Miguel Ponte y Julio Cordero. A ambos se los ve frecuentar los pasillos de Pellegrini y Juncal, sin nombramiento concreto, y desde las organizaciones sociales creen que el objetivo es quedarse con el control de los planes Potenciar Trabajo.
Se trata del control de una caja fenomenal que solía ser reclamada para sí por las organizaciones sociales con acceso a los barrios populares. Ahora, adicionalmente, por el cambio de perfil de política pública podría generar un multimillonario movimiento constante de recursos en materia de planes de capacitación, formación e inclusión laboral.
Específicamente creen que podría ser el propio Ponte, bajo el paraguas de su experiencia en el área de los Recursos Humanos, el que se quede con el comando de la situación en el futuro cercano. Sería bajo la promesa de la reconversión de planes en empleo.
En parte por esta interna irresuelta, el Gobierno postergó esta semana y por un trimestre el rearmado de la estructura en torno a los planes. A través del Decreto 125/2023 publicado en el Boletín Oficial, que modificó el Decreto 565/2023, dispuso que la transferencia se postergó hasta el 1 de abril.
La anterior administración nacional había ordenado en noviembre el traspaso del plan de la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social a la del ex Ministerio de Trabajo a partir del 1 de enero, así como la eliminación de la incompatibilidad que existía para los beneficiarios de pensiones por discapacidad de mantener ese derecho cuando accedían al mercado laboral.
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