Estatales de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo se movilizaron por el plan de ajuste de gastos y estructuras

Por la reducción del 50% de la estructura política y de gastos que se está llevado adelante en ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), este viernes hubo movilización gremial y amenaza de bombas en la sede Esmeralda 255 del microcentro porteño.

El despido de la mitad de la estructura política de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) generó una movilización de los gremios de ATE este mediodía, que se manifestaron en la puerta de las oficinas del ente autárquico en el Microcentro. Allí, además, se registraron amenazas de bomba. UPCN entró en Estado de Alerta.

Por esto último se inició el protocolo de evacuación con intervención de la División Explosivos de la Policía Federal y la División de Delitos Constitucionales, intervienen el Juzgado Federal Nª 7 a cargo del Dr. Casanello y la Sec. Nº 13, en donde fue caratulado como Actuaciones por Intimidación Publica.

La convocatoria tuvo lugar en Esmeralda al 255, en el edificio conocido como «YPF». Allí se encuentran las instalaciones de ACUMAR y de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, además de las oficinas de la petrolera.

Los gremios plantean que los despidos masivos son fundados en «cuestiones políticas», en tanto aseguran que la mayoría de los desplazamientos remite a empleados que fueron incorporados entre 2019 y 2023.

Por esta situación UPCN se declaró en «estado de alerta», mientras que ATE por su parte realizó a una Asamblea General de Trabajadores.

ACUMAR está conducido actualmente por Lucas Figueroa, que ya se había desempeñado en el puesto durante la gestión de Mauricio Macri. Figueroa fue nombrado como presidente en una designación del último 4 de enero: el texto oficial llevó la firma de Javier Milei y del por entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ahora fuera del Gobierno.

ACUMAR es el organismo público creado en noviembre de 2006 como consecuencia de la demanda conocida como Causa Mendoza, donde la Corte Suprema falló a favor de un grupo de vecinas y vecinos de Villa Inflamable, en Avellaneda, ordenando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.