“Pensar que una de las definiciones más clásicas y antiguas de Justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Con esta Justicia que le da solo a los ricos y para eso le quita todo a los pobres estamos perdidos”, indicó Rodolfo Aguiar. El sindicato estatal evalúa lanzar una jornada nacional de lucha para la marcha de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera dejar sin efecto la cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo), el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y definieron movilizar juntos el viernes 7 de agosto por la marcha de San Cayetano. En este marco, el sindicato estatal evaluará la posibilidad de lanzar una jornada nacional de lucha para ese día.
ATE además definió movilizar el 22 de julio en la Jornada Nacional de Lucha resuelta por todas las organizaciones que integran la UTEP bajo la consigna “trabajo sin salario es esclavitud”. Es por esto que realizarán asambleas, protestas y cortes de ruta en todo el país para exigir la vuelta del programa.
“Pensar que una de las definiciones más clásicas y antiguas de Justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Con esta Justicia que le da solo a los ricos y para eso le quita todo a los pobres estamos perdidos”, señaló Rodolfo Aguiar tras el encuentro.
En este marco, el dirigente apuntó: “No se puede tolerar la decisión de quitarle su único ingreso a los más necesitados. Están generando un daño irreparable a cientos de miles de familias. Esta medida termina de resquebrajar el tejido social en la Argentina. El país está pasando de una pobreza circunstancial a una pobreza estructural, y se trata de una política de Estado”.
La comitiva de UTEP estuvo integrada por Dina Sánchez, Secretaria Adjunta; Ramiro Berdesegar, Secretario de Organización; Johanna Duarte, Secretaria Gremial; Marina Joski, Secretaria Ejecutiva; y Laura Cibelli, de la Mesa Ejecutiva.

A partir de la decisión firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, más de 900 mil personas de todo el país dejarán de percibir a partir de agosto la prestación mensual de $78.000.
Sin este ingreso, las familias beneficiarias de la asignación dejarán de recibir el equivalente a 35 litros de leche, 20 kilos de pan, 6 kilos de carne o 95 viajes en colectivo.
Cabe destacar que en la cautelar dictada en primera instancia, el juez de primera instancia había señalado que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
De esta forma, toma un nuevo impulso la movilización que parte todos los años desde el Santuario de Liniers para luego culminar en la Plaza de Mayo bajo la histórica consigna de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.




