La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, allanando el camino para su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral y que recaerá fuertemente en los ya magros ingresos de los sectores más vulnerables. La decisión, que impacta a casi un millón de personas, generó un fuerte rechazo de la UTEP, que anunció un plan de protestas.

El programa Volver al Trabajo llegará a su fin en agosto de 2026 luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos. La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, anuló el fallo de primera instancia del Juzgado Federal de Campana que había ordenado sostener las transferencias mensuales de $78.000 a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Los camaristas basaron su decisión en tres argumentos centrales: el programa tenía una vigencia limitada de dos años, por lo que los beneficiarios no tienen un derecho adquirido a su continuidad; las medidas cautelares no pueden interferir en el diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo; y la protección judicial previa representaba un adelantamiento de veredicto a favor de los demandantes. Con esta resolución, el Gobierno recuperó el control sobre la implementación de su política social y quedó habilitado para avanzar con el cierre definitivo del esquema.

La interrupción de los pagos se hará efectiva a partir de agosto. Los beneficiarios dejarán de percibir una prestación mensual que oscilaba entre $78.000 y $80.000, un monto que permanecía congelado desde 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei transfirió la gestión de estos planes al Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello. La decisión impactará sobre trabajadores de la economía popular que utilizaban ese ingreso como complemento para afrontar gastos básicos y que, según denunció la UTEP, quedarán directamente expuestos a la indigencia.

El Ministerio de Capital Humano prevé reemplazar las transferencias directas por un sistema de vouchers de capacitación laboral a través del programa «Formando Capital Humano». Los fondos serán destinados a empresas, centros de formación y organizaciones que brinden cursos para mejorar la inserción laboral, mientras que otra parte de los recursos se utilizará para financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias de zonas vulnerables. El Ejecutivo sostiene que el programa tenía una duración limitada y que su continuidad por vía judicial representaba una interferencia en las decisiones de política pública.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuestionó con dureza el fallo judicial. «La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera», denunció la organización en un comunicado. La UTEP calificó la medida como «un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular» y anunció que participará de la movilización de jubilados del 22 de julio, convocará a una jornada nacional de protesta el 7 de agosto y profundizará el plan de lucha en las calles para reclamar la restitución de los ingresos.