Empresarios rechazaron las exigencias del Municipio de Moreno, entre ellas que en dos años todos los colectivos sean 0 kilómetro y que las empresas realicen obras viales porque las consideran de «muy difícil cumplimiento» en el actual contexto económico. La UTA, por su parte, reclama garantías para la continuidad laboral de 800 trabajadores.
A dos días de la apertura de sobres de la licitación del nuevo sistema de transporte público de Moreno, las empresas del sector expresaron su rechazo a las condiciones impuestas por el Municipio que conduce Mariel Fernández. La protesta se concretó este miércoles frente al Palacio Municipal, donde los empresarios entregaron un petitorio en el que advierten que las exigencias del pliego son de «muy difícil cumplimiento» en el actual contexto económico.
Víctor Pasquini, integrante de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), calificó las condiciones como «bastante pretenciosas». Entre los principales puntos de conflicto, el sector cuestiona la obligación de que en un plazo de 25 meses la totalidad de la flota sea 0 kilómetro, una exigencia que contradice la disposición de la Provincia, que extendió de 10 a 13 años la vida útil de los colectivos. Además, rechazan la imposición de que las transportistas destinen fondos para obras viales, una obligación que consideran inédita y que ninguna empresa del sector está en condiciones de afrontar.
En el universo empresario subyace la sospecha de que el pliego está direccionado a grandes grupos económicos, en lo que denominan «pulpos del transporte», que sí estarían en condiciones de cumplir con las onerosas exigencias. También cuestionan que el Municipio fije obligaciones de prestación e inversión sin definir cómo serán financiadas, en un contexto donde el régimen de subsidios depende exclusivamente de la Provincia, que ya advirtió que no aumentará los fondos.

El reclamo gremial se suma a la protesta empresaria. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un fuerte comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por la falta de garantías para los más de 800 trabajadores que actualmente prestan servicio en La Perlita, la empresa que tiene la concesión actual. «La continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación. UTA no puede aceptar que la fuente de trabajo, la antigüedad y los derechos adquiridos queden sujetos al resultado de una licitación», advirtió el gremio que conduce Roberto Fernández.
Desde el Municipio aseguran que el pliego incluye una cláusula de continuidad laboral obligatoria y que la empresa ganadora deberá absorber al personal de La Perlita respetando la antigüedad de cada trabajador. Sin embargo, el gremio insiste en que no hay una garantía explícita que proteja las condiciones laborales y advierte que, de persistir la incertidumbre, «el Municipio estará generando un escenario de creciente conflictividad que pone innecesariamente en riesgo la paz social». La apertura de sobres se realizará el próximo viernes, aunque el sector anticipa que mantendrá su postura crítica frente a lo que consideran un pliego diseñado para grandes operadores.




