Los apoderados de las listas Granate 41 y Azul 100 presentaron un recurso de aclaratoria contra la resolución de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que extendió el mandato de las actuales autoridades del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) hasta que se dicte sentencia definitiva, una medida que consideran «ultra petita» y carente de fundamentos.

El conflicto judicial que mantiene paralizada la renovación de autoridades del SOMU sumó un nuevo capítulo con la presentación de un recurso de aclaratoria por parte de la oposición, que cuestiona la decisión adoptada el 26 de junio por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los apoderados de las listas Granate 41 y Azul 100 sostienen que el tribunal incurrió en contradicciones y otorgó una medida que excede incluso lo solicitado por la propia conducción sindical, que había pedido únicamente una prórroga de 45 días.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición apunta a que la resolución no respondió ninguno de los planteos formulados por los actores, quienes impulsaron la acción judicial que derivó en la suspensión de las elecciones. «La Sala guardó silencio sobre todas nuestras presentaciones», denunciaron, señalando que esa omisión afecta el derecho de defensa y el debido proceso. Además, advirtieron que el tribunal modificó sin justificación el criterio sostenido hasta ahora en el expediente: mientras que las prórrogas anteriores fueron siempre por plazos determinados de 45 días, esta última extensión se otorgó «hasta tanto se dicte sentencia definitiva», sin fijar límite temporal alguno.

El recurso también pone el foco en una supuesta incongruencia procesal, al denunciar que la Cámara terminó concediendo más de lo pedido por las partes. Según los opositores, la conducción del SOMU había solicitado únicamente una nueva prórroga de 45 días, pero el tribunal extendió el mandato con efectos retroactivos al 9 de mayo y validó además todos los actos institucionales realizados durante ese período, un alcance que «nunca fue solicitado y configura un fallo ultra petita» (o sea, excediendo lo solicitado). La presentación recuerda además el voto emitido meses atrás por el camarista Mario Fera, quien había considerado suficiente una prórroga acotada y había advertido sobre la necesidad de evitar extensiones de hecho de los mandatos.

La oposición cuestiona el fundamento utilizado por la Cámara para justificar la continuidad de las autoridades, basado en el principio de autonomía sindical reconocido por la Constitución y el Convenio 87 de la OIT. Sostienen que esa autonomía presupone el funcionamiento efectivo de los órganos colegiados del sindicato y afirman que no existen constancias en el expediente de que el Secretariado Nacional, el Consejo Directivo o la Comisión Revisora de Cuentas hayan resuelto institucionalmente solicitar la prórroga, señalando que la conducción aparece concentrada en la figura del secretario general.

Finalmente, los recurrentes advierten que la prolongación indefinida de los mandatos termina beneficiando a quienes incumplieron la medida cautelar que suspendió el proceso electoral, al permitir que la actual conducción continúe en funciones sin plazo cierto. Además de solicitar que la Cámara subsane las omisiones y explique las contradicciones, formularon reserva del caso federal, anticipando la posibilidad de acudir a la Corte Suprema. La resolución que adopte ahora la Sala III no sólo definirá el alcance de la aclaratoria, sino que marcará el rumbo de un litigio que mantiene paralizada la renovación de autoridades de uno de los principales sindicatos del sector marítimo argentino.