El sindicato de judiciales Sitraju apuntó contra la obra social Ospjn por no pagar los reintegros por discapacidad de menores

Las dirigentes de judiciales Vanesa Siley y Marieta Urueña Russo remarcaron en sus redes sociales un serio conflicto que ya han denunciado en otras oportunidades. La Obra Social del Poder Judicial de la Nación no responde como debería a sus afiliados. El drama alcanzó hasta a los afiliados discapacitados, a quienes en promedio se calcula que les deben más de un millón de pesos a cada uno.

La secretaria general de la Fesitraju Vaesa Siley y la secretaria general del sindicato nacional Sitraju Marieta Urueña Russo compartieron y confirmaron una nota del portal Noticias Urbanas en la que se señalaba que la obra social del Poder Judicial (Ospjn) le adeuda a sus afiliados seis meses de reintegros por tratamientos por discapacidad de sus hijos menores. En promedio les deben más de un millón de pesos a cada afiliado con dicha problemática.

La OS del PJN eligió el oscurantismo y no parece que vaya a cambiar. La malversación de fondos nos afecta a todxs pero que nefasto esto https://t.co/4F89gb1IqX

— Marieta Urueña Russo (@marietarusso) December 28, 2022

Las demoras en los reintegros llegan a ser de seis meses, aún cuando es por tratamientos oportunamente aprobados de los hijos con discapacidad de los afiliados.

Como es de esperarse, este accionar es ilegal. Según se detalla en la nota, la ley 22.431 garantiza un sistema de protección integral de las personas con discapacidad con el objetivo de otorgarles atención médica, educación y seguridad social; la Ley 24.901, la cual establece un Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y la Resolución OSPJN 1126/2004, mediante la cual la Obra Social se ha obligado a adecuar su cobertura al régimen que establece la ley 24.901. A esto se suman tratados internacionales a los que Argentina adhiere para proteger a niños en general y a personas con discapacidad en particular.

A esto se suman las falencias para realizar reclamos y siquiera comunicarse. No tienen conmutador por lo que nadie atiende el teléfono. Solo se puede reclamar vía mail y la única respuesta que dan es: “Recibido”.

«Nadie sabe que sucede en una obra social multimillonaria que abarca tanto al poder judicial de la Nación como también al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.», concluyen.