El Gobierno nacional dispuso multas por miles millones de pesos contra los gremios Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por adherir al paro general del 19 de febrero pese a tener vigentes conciliaciones obligatorias. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, busca sentar un precedente y advierte con sanciones más severas si los sindicatos desconocen las multas.

El Gobierno nacional resolvió aplicar fuertes sanciones económicas a dos de los principales sindicatos del transporte tras su adhesión al paro general convocado por la central obrera el pasado 19 de febrero.

La decisión fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien instruyó a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a sancionar a los gremios por incumplir las conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la medida de fuerza en el marco de reclamos salariales de cada sector.

Según NA, las multas alcanzarían a la Unión Tranviarios Automotor con una sanción cercana a 70 mil millones de pesos, mientras que el sindicato ferroviario La Fraternidad deberá afrontar una penalidad de 20 mil millones de pesos.

Fuentes oficiales aseguraron al medio que ambos gremios vulneraron los procesos de conciliación laboral obligatoria que se encontraban vigentes al momento de la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo, desconociendo el carácter general del paro convocado, no por un sector sino por una central sindical para un reclamo también general.

En un primer momento, el Gobierno evaluó avanzar con una sanción aún más severa: la quita de la personería gremial a las organizaciones sindicales involucradas. Sin embargo, finalmente se optó por aplicar multas económicas como primera medida disciplinaria.

En el Ejecutivo sostienen que la sanción representa una instancia previa antes de aplicar medidas más drásticas. En ese sentido, advirtieron que si los gremios deciden desconocer el pago de las multas, el Gobierno podría reactivar la posibilidad de retirarles su reconocimiento legal como sindicatos. Todo indica que la sanción será judicializada por los gremios.