La Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Rodolfo Barra subsanó los errores de forma que habían sido detectados por la Justicia en los escritos de los recursos extraordinarios y logró así enderezar el trámite en busca de llegar a la Corte Suprema. El objetivo del Gobierno es revertir las medidas cautelares logradas por la CGT y la CTA que suspendieron el capítulo laboral del DNU de desregulación económica.
En el escrito del recurso extraordinario que los abogados del Gobierno habían presentado contra la cautelar lograda por la CGT, quedó pendiente la acreditación de una de las letradas que representa al Estado Nacional, por lo que el planteo era inválido por cuestiones formales.
Corregido el error, y por estar dentro del plazo habilitado para presentar un recurso extraordinario federal, la Procuración del Tesoro volvió a presentar el escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ya corrió traslado, por plazo de 10 días, a la CGT para que responda.
Una vez completado el trámite, el tribunal de apelaciones quedará en condiciones de decidir si le habilita la vía al Gobierno Nacional para llegar con su planteo a la Corte; aunque en caso de recibir una respuesta negativa todavía contará con la posibilidad de recurrir a un recurso de queja.
La sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo también dio traslado al recurso federal presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación en el expediente en el que la parte actora es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que días atrás también obtuvo una cautelar que suspendió el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei.
Télam informó el lunes que en su recurso -en el marco del caso CGT- el Gobierno calificó de «hipotéticos» los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del DNU 70/23 de desregulación económica.
Los abogados que representan al Estado Nacional también consideraron que la decisión de suspender ese capítulo del DNU «puede traer consecuencias irreversibles» y acusaron a la justicia laboral de «privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población».
«No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales», sostuvieron los abogados que representan al Estado Nacional, encabezados por Rodolfo Barra.
En esa presentación, Barra sostuvo que «la sentencia (de la Cámara laboral) no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales».
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