El Ministerio de Justicia oficializó la supresión de 67 registros automotores seccionales y el cierre operativo de otros cinco, con un plazo improrrogable de 60 días hábiles. La medida, que forma parte del plan de digitalización del sistema, desató la preocupación del sindicato SATRAMM, que advirtió sobre el riesgo de despidos masivos y la pérdida de miles de puestos de trabajo en todo el país.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques, formalizó este jueves una nueva avanzada en el proceso de recorte dentro del sistema registral automotor. Mediante la Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la supresión de 67 registros seccionales de la Propiedad del Automotor y se ordenó avanzar en el cierre operativo de otras cinco dependencias que ya habían sido alcanzadas por una medida anterior, la Resolución 19/2025. En total, el Ejecutivo concreta la baja de 72 oficinas en 16 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un plazo improrrogable de 60 días hábiles para completar el proceso y reasignar los dominios a otras sedes que permanezcan abiertas.
La medida se enmarca en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, que el Gobierno viene ejecutando desde 2023 con el objetivo final de que la totalidad del sistema funcione de manera online bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, el cierre de oficinas será paulatino y convivirá con la atención presencial en puntos estratégicos de cada provincia hasta que las transferencias digitales superen a las presenciales. La provincia de Buenos Aires es la más afectada, con 19 registros dados de baja (incluyendo sedes en Quilmes, Merlo, General Rodríguez, San Pedro, Azul, Balcarce y Tandil), seguida por Santa Fe con 12, Córdoba con 10 y la Ciudad de Buenos Aires con 7.
El impacto de esta decisión sobre el empleo es el aspecto que genera mayor preocupación. El Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor, Motovehículos y Afines (SATRAMM), que conduce Martín Lomba, advirtió que la eliminación del sistema de registración amenaza la seguridad jurídica y pone en vilo a 40.000 familias. La entidad gremial ya había alertado que el objetivo del Gobierno es eliminar la totalidad de los registros seccionales, que emplean a 12.000 trabajadores en todo el país, y que el cierre del 40% de las dependencias podría derivar en el despido inminente de alrededor de 4.000 empleados. En los últimos meses, la reducción de personal y los cierres ya habían motivado medidas de fuerza, como el paro total por tiempo indeterminado que el gremio anunció tras los primeros anuncios de ajuste.
La avanzada oficial no solo afecta a los trabajadores de los registros, sino que también impacta en la estructura de los encargados de registro y en las cámaras empresariales del sector. La resolución dispone que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, lo que, sumado a la baja de la actividad por la recesión, configura un escenario crítico para la sostenibilidad de las oficinas que aún permanecen abiertas. Desde SATRAMM convocaron al diálogo a la Asociación Argentina de Encargados de Registros (AAERPA) para tender puentes en defensa del sistema y del trabajo de los argentinos, y reclamaron a las autoridades que expliquen cuál será el organismo o empresa que conducirá el nuevo sistema digital.
Para los usuarios, el cierre de los registros implicará un cambio en la forma de realizar los trámites. La Dirección Nacional deberá reasignar los dominios de las oficinas suprimidas a otras dependencias, y los ciudadanos podrán consultar en la web oficial de la DNRPA a qué registro pasa su legajo y gestionar las transferencias de manera online. Sin embargo, la transición no estará exenta de dificultades: la digitalización total del sistema aún no está completa y la convivencia entre la atención presencial y la virtual podría generar demoras y complicaciones para quienes necesiten realizar gestiones de manera urgente. Por su parte, los trabajadores de los registros y sus familias enfrentan un futuro de incertidumbre.
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