El exanalista del Fondo de Garantía de San Juan denunció que fue despedido por cuestionar el acuerdo entre el gobierno provincial, que encabeza Marcelo Orrego (JxC), y Vicuña Argentina SRL. Advirtió que el convenio congela las regalías en un 3% por 71 años, cuando podrían ser de 5%, planea dejar los residuos contaminantes en un dique ubicado en zona sísmica e impide reclamar por impactos ambientales. Además, somete las disputas a un tribunal de arbitraje internacional donde la empresa designa a dos de los tres árbitros. «Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal», resumió el trabajador despedido.
Hugo Berozzi, exanalista de riesgo crediticio del Fondo de Garantía de San Juan, brindó una entrevista al Instituto Patria en la que detalló los motivos que, según su denuncia, llevaron a su despido: haber cuestionado públicamente el acuerdo firmado entre el gobernador de la provincia y la empresa minera Vicuña Argentina SRL, un proyecto de cobre, oro y plata que se perfila como el más importante del país. «Al analizar el acuerdo, rápidamente me doy cuenta de que tiene una letra chica, un tema que no se había difundido, y que tenía varias cláusulas que son muy perjudiciales para la provincia de San Juan», relató Berozzi, quien agregó que fue despedido apenas una semana después de que la Legislatura aprobara el convenio.
El primer punto crítico que identificó el analista es el congelamiento de las regalías. Según explicó, la ley nacional permite cobrar hasta un 5% sobre el valor boca de mina, pero el acuerdo provincial fija las regalías en un 3% por toda la vida útil del proyecto, que la propia minera estima en 71 años, con posibilidad de extenderse. «Se congelan las regalías en un 3% por todo ese período, sin posibilidad de subirlas al 5%», advirtió, y señaló que también se intercambia un aporte económico al gobierno actual a cambio de recortar un aporte futuro, lo que implicaría una pérdida de entre 60 y 180 millones de dólares para la provincia.
El aspecto más controvertido del acuerdo, según Berozzi, es la cláusula que neutraliza la posibilidad de que la provincia reclame por impactos ambientales futuros. «Dice claramente que la provincia no podrá exigir ni por ley ni por decreto ni por orden administrativa ninguna exigencia, ningún aporte económico adicional, ni contribuciones análogas con respecto al tema ambiental», señaló, y calificó la disposición como inconstitucional, tanto respecto de la Constitución de San Juan como de la Nacional. A esto se suma que cualquier controversia sobre regalías o cuestiones ambientales se resolverá en un tribunal de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional, donde dos de los tres árbitros son designados por la empresa y solo uno por la provincia.

Berozzi también advirtió sobre los riesgos del proyecto en sí mismo. El yacimiento incluye un dique de cola para residuos contaminantes que, según sus datos, sería el más grande del país, con un paredón que supera cualquier construcción existente. «Este dique se va a hacer en una zona de alto riesgo sísmico y no está preparado para eso, no ha pasado por los controles necesarios del Instituto Nacional de Prevención Sísmica», alertó. Para el analista, la conjunción de estos problemas lo llevó a redactar un informe que comenzó a circular, y su despido se produjo al día siguiente de la aprobación del acuerdo en la Legislatura, en un trámite que se completó en apenas cinco días: «El acuerdo fue presentado un día viernes y el miércoles se dio para su discusión… Al día jueves a mí me despidieron».
El análisis de Berozzi también apuntó contra el RIGI, el régimen de incentivos aprobado a mediados de junio para la empresa, que contempla una inversión de alrededor de 9.500 millones de dólares. Según explicó, el RIGI obliga a invertir solo el 40% en los primeros dos años y otorga a la minera prioridad en insumos básicos por encima de la población local. «La única herramienta que le queda a las provincias, porque son las dueñas de los recursos según la Constitución del 94, es la declaración de impacto ambiental», sostuvo, y advirtió que el acuerdo la limita al establecer que si la provincia exige obras de reparación ambiental, ese dinero se descuenta del aporte económico ya fijado. «Todo lo que se podía hacer mal se hizo mal», concluyó Berozzi, quien anticipó que el convenio podría ser declarado inconstitucional, aunque el gran problema del RIGI es que establece tribunales de arbitraje que reconocen el estado de derecho de por vida: «Aunque nosotros lo declaremos inconstitucional, podrían decir que ya le reconocimos ese derecho en nuestra legislación local y eso no se podría cambiar».




