El funcionario provincial Mariano Camoirano se refirió a los múltiples focos de tensión laboral que atraviesa Entre Ríos, desde las paritarias docentes hasta la crisis de empresas emblemáticas como Granja Tres Arroyos y Unión Bat. En declaraciones radiales, el titular de la cartera laboral entrerriana que gobierna Rogelio Frigerio (Pro) trazó un diagnóstico de la situación.
El secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, confirmó una nueva convocatoria paritaria con los gremios docentes y estatales para este miércoles. «La semana pasada nos pidieron desde el Ejecutivo que convoquemos, así que hoy se está dando esa convocatoria», explicó el funcionario en diálogo con Radio Plaza 94.7, al tiempo que señaló que la expectativa está puesta en la propuesta que pueda acercar el Gobierno provincial.
En relación con los docentes, Camoirano recordó que las paritarias habían quedado cerradas tras el rechazo de los gremios a la oferta inicial y las posteriores medidas de fuerza. «Se da por cerrada y se inicia nuevamente una apertura de paritaria ya en el marco de otro mes, dentro de la misma paritaria porque para nosotros es un expediente anual», detalló. El funcionario también vinculó la discusión salarial con el debate por la reforma previsional, aunque aclaró que «son dos vías distintas o dos situaciones a trabajar y pensar desde otro lugar o con otra perspectiva».
El escenario sindical en la provincia atraviesa momentos de alta tensión, con reclamos que van desde la recomposición del poder adquisitivo hasta la defensa de las fuentes de trabajo. Según el relevamiento oficial, existe una multiplicidad de conflictos abiertos que afectan a distintas ramas de actividad. «Lo que estamos viendo son, quizás, una cadena de conflictos que son de mediano tamaño», resumió Camoirano al describir la situación actual del mercado laboral entrerriano .

Uno de los focos de mayor preocupación es la situación de Granja Tres Arroyos, una empresa avícola que emplea a cerca de 1.000 trabajadores en Concepción del Uruguay. Camoirano admitió que «la gente está un poco ya cansada» y que algunos empleados «ya estaban manifestando que estaban haciendo changas» ante la falta de certezas sobre la continuidad de la producción. El funcionario detalló que la semana pasada se realizó un relevamiento con el Gobierno provincial que incluyó subsidios y aportes para la boleta de luz, en un intento por aliviar la situación de los trabajadores mientras se negocia con la empresa.
Otro de los casos emblemáticos es el de Unión Bat, la fábrica de baterías de Gualeguaychú que la semana pasada dispuso un cierre temporario y puso en vilo a 100 trabajadores. Sobre este conflicto, Camoirano indicó que la primera audiencia obligatoria dejó abierta «una instancia de diálogo» y que la empresa argumentó «cuestiones administrativas» para la suspensión. «Lo importante para nosotros es que esos 15 días sean abonados como establece la ley y que sigamos en la construcción de una salida y ojalá que esa salida sea con producción», remarcó el funcionario, aunque dejó abierta la posibilidad de que la desvinculación se concrete en el marco de la ley.
El diagnóstico de Camoirano distingue entre los problemas propios de la gestión empresarial y aquellos derivados de la situación económica general. «Hay algunas empresas que tienen o acarrean algunas complicaciones propias de la administración y gestión de la empresa y otras que son problemas propios de la situación económica o de la situación del consumo», explicó, al señalar que en Gualeguaychú los conflictos se concentran en el sector químico y petroquímico, con empresas como Unión Bat, Fademi y Laboratorios Pyam bajo el mismo sindicato.
La estrategia del Gobierno provincial, según adelantó el funcionario, apuesta a la negociación y al diálogo como herramientas para destrabar los conflictos. Sin embargo, Camoirano también dejó entrever que, en caso de que la crisis se profundice, el rol del Estado será «verificar que, si se da una desvinculación tan masiva… sea en el marco de la ley, que sea con las indemnizaciones que establece la ley». Con este escenario, la provincia se prepara para una semana clave en la resolución de los múltiples focos de conflicto que afectan a miles de trabajadores entrerrianos.




