Las organizaciones de docentes, no docentes y estudiantes colmaron la Plaza de Mayo en el marco de una masiva marcha en la que exigieron por una recomposición presupuestaria. La CGT, que participó de la marcha y la convocatoria, salió a pedir que «no nos arrebaten el orgullo que representan, acá y en cualquier lugar del mundo, la ciencia y la educación argentinas».
«Trabajadoras y trabajadores de los gremios docentes y no docentes marchamos junto a las y los estudiantes para exigirle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Porque sabemos que, para construir una juventud protagonista de su tiempo, necesitamos universidades públicas de calidad que garanticen el acceso y el desarrollo profesional en cada rincón del país», señaló la CGT tras la cuarta Marcha Federal Universitaria que colmó Plaza de Mayo y numerosas plazas en todo el país.
De hecho, antes, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia.
En el mensaje, pidieron a la Corte Suprema «que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento». El máximo tribunal tendrá la última palabra en el ámbito judicial.
Fueron cientos de miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.
«En Plaza de Mayo. En la calle. Como en cada lucha que ha dado el pueblo. Para que no nos arrebaten el orgullo que representan, acá y en cualquier lugar del mundo, la ciencia y la educación argentinas», señaló la CGT.
Por su parte, en un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como «crítico» y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional «incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema».

En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructura para el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un «empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo», acompañado por «renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales».
Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. «Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas», advirtieron.




