Comenzó juicio a dirigentes sindicales en Chubut por manifestación en 2019 tras el fallecimiento de dos docentes: «Es un acto de criminalización de la protesta social»

El juicio oral y público a dirigentes de gremios estatales acusados de comenzar un incendio en la Cámara de Diputados y a la Casa de Gobierno de Chubut durante las protestas del 18 de septiembre de 2019 comenzó hoy en la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson. El reclamo era por las semanas de conflicto salarial y el fallecimiento en un accidente de tránsito de dos docentes que volvían de una protesta.

El proceso tiene como imputados al exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) Santiago Goodman y a las gremialistas Marcela Ancaleo y Mariana Castro, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

«Los imputados son tres, pero Goodman está acusado como principal organizador de los atentados», dijeron a Télam fuentes de la Fiscalía de Estado, que sostendrán la acusación como querellantes.

La audiencia que se inició hoy está presidida por la jueza María Tolomei.

La fiscal general Florencia Gómez anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los imputados.

Jornada de protesta por el fallecimiento de dos docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar que volvían de una manifestación

«Están citados a declarar 60 testigos presenciales, entre los que se encuentran periodistas, policías, bomberos y peritos», indicó un parte de prensa de la Oficina Judicial.

Los imputados ingresaron pasadas las 9 a la sala de audiencias sin brindar declaraciones a la prensa. En el exterior del recinto, militantes de la Atech se manifestaron por lo que consideran «un acto de criminalización de la protesta social».

Así lo expuso en diálogo con Télam el actual secretario general de Atech, Daniel Murphy, quien sostuvo que «eso fue parte de una jornada de protesta en la que murieron las compañeras Jorgelina (Ruiz Díaz) y María Cristina (Aguilar)», quienes fallecieron en un accidente de tránsito cuando regresaban a Comodoro Rivadavia de una protesta.

Para Murphy, el debate es «una muestra más que clara de la penalización de la protesta y la estigmatización de todo lo que tenga que ver con reclamos populares».