Caso testigo en Santa Fe: El ajuste en Acindar deja contra las cuerdas a una cooperativa con más de 100 familias que podrían quedar en la calle

La cooperativa Cooperar 7 de Mayo, contratista histórica de Acindar, enfrenta una crisis laboral tras la caída de la obra pública y la apertura de importaciones que perjudica a una de las empresas de Paolo Rocca. Este lunes se realiza una audiencia clave en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que podría marcar un precedente para otras tercerizadas de Acindar, que reúnen a la mitad de los trabajadores vinculados a la empresa en la ciudad.

Más de 100 familias podrían quedar en la calle como consecuencia de la crisis que atraviesa la cooperativa Cooperar 7 de Mayo, una de las contratistas históricas de Acindar, en el corazón del cordón industrial santafesino. La situación es reflejo del impacto del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, que ha implicado un fuerte ajuste en la obra pública y una apertura de las importaciones que afecta directamente a la producción nacional.

Este lunes, en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, se desarrollará una audiencia clave que enfrentará a representantes de la cooperativa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y autoridades provinciales. El eje de la discusión es el intento de Acindar de desvincular a 60 trabajadores de la cooperativa, que actualmente cuenta con 138 empleados, lo que representa casi la mitad de su plantilla.

La cooperativa, nacida en 1995 como empresa recuperada tras la crisis del menemismo, ha prestado servicios logísticos a Acindar por casi tres décadas. Sin embargo, la paralización del Tren Laminador Nº 2, pieza clave en su operación, junto con el anuncio de Acindar de dejar de utilizar sus servicios, colocó a la organización en una situación crítica.

«Nos comunicaron que pararían el tren a fines de mayo. Nosotros hacemos la logística de los productos que salen de ahí, los disponemos en depósitos y los despachamos. También nos anunciaron que no pagarán el bono pactado por el gremio, tendrán demoras en los pagos y nos exigieron el despido de 60 compañeros», explicó Cristian Horton, referente de la cooperativa a Página/12.

La negativa a ejecutar los despidos derivó en un paro respaldado por la UOM, ante lo cual Acindar respondió cortando de forma total los servicios prestados por Cooperar. Desde el sindicato se advirtió que, de no llegar a una solución, la huelga podría extenderse a otros sectores de la empresa e incluso a nivel provincial.

Uno de los aspectos más polémicos del conflicto es que la empresa no contempla el pago de indemnizaciones, lo que agrava aún más la situación de los trabajadores, muchos de ellos en situación de monotributistas. “Preferimos ganar menos pero que nadie quede en la calle. Estamos dispuestos a discutir retiros voluntarios, pero la empresa quiere que el costo lo asumamos nosotros”, agregó Horton.

En Villa Constitución, donde Milei ganó en las últimas elecciones presidenciales, crece el malestar. «Estamos padeciendo el peor escenario desde 2001», advirtió Pablo González, secretario general de la UOM local en diálogo con el mismo medio.

La historia de Cooperar 7 de Mayo es testimonio de la resiliencia obrera. Con un pico de 265 empleados en 2014 y una inversión de $50 millones en infraestructura tan solo dos años atrás, hoy su futuro se encuentra comprometido. “Una ciudad industrial como la nuestra depende del desarrollo de infraestructura. No es vivir de la teta del Estado, es pensar en un país que invierta y se desarrolle”, concluyó Horton.

La audiencia de este lunes podría marcar un precedente para otras tercerizadas de Acindar, que reúnen a la mitad de los trabajadores vinculados a la empresa en la ciudad.