La titular de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió apuntó contra el Gobierno por la incorporación del sindicato de Camioneros (aunque también participan los sindicatos de Comercio y Alimentación) en los controles de precios en supermercados y reveló que hará una denuncia penal contra Sergio Massa, Alberto Fernández y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien fue el que se mostró a favor de la intervención del gremio de los Moyano.
Para Carrió, la participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de «grupos parapoliciales» y apuntó contra el Frente de Todos por estar «quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia».
El malestar por la incorporación de Camioneros al control de precios crece y las críticas de Carrió se suman a los cuestionamientos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja y de Patricia Bullrich.
«Es una función indelegable del Estado», planteó Funes de Rioja al tiempo que explicó que COPAL «respeta el estado de derecho», pero aclaró que ni la entidad que preside puede arrogarse «la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado».
En la misma línea, profundizó su mirada crítica sobre el desembarco de los Moyano en el área: «Si hablamos de un Estado presente, es necesario que el Estado controle, tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses».
La titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la medida respaldada por Tombolini, quien ratificó la intervención gremial.
«Si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos», sostuvo el secretario.
«¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? Se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público», retrucó Bullrich.
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