El juez federal Rodolfo Canicoba Corral empieza a quemar las naves para sostenerse en la, ya más que prolongada, intervención del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU). A más de un año y medio de haberse repartido las cajas del gremio con el oficialismo, el juez ordenó la detención del secretario general adjunto del gremio, Mario Morato, por no presentarse a declarar en la causa que investiga como supuesto jefe de una asociación ilícita a Omar «Caballo» Suárez.
La orden de detención contra Morato fue firmada por Canicoba ayer a pesar de que el sindicalista presentó una recusación en su contra (que se encuentra en pleno tratamiento) y la nulidad del llamado a indagatoria al que no se asistió.
La defensa del sindicalista interpuso un pedido de eximición de prisión que debe ser resuelto por estas horas y calificó de «locura» la decisión del magistrado de buscar detener al gremialista.
De hecho, desde el gremio sostienen que se trata de una maniobra para retener la suculenta caja de la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), cuyo control lo tiene, no casualmente, el cuñado del propio Rodolfo Canicoba Corral. Además quienes conocen el paño marítimo afirman que la jugada busca correr del tablero al único dirigente capaz de reagrupar fuerzas y conseguir votos en todas las seccionales del país, en un contexto de sumo fraccionamiento de la organización de los marineros.
La designación del cuñado del Juez se encuentra “al margen de todas las normas legales que rigen en la materia”, señaló hace unas semanas un pedido de recusación que presentó José Salomón, dirigente de la OSPM que fue a la justicia a denunciar la irregularidad.
El interventor en cuestión se trata del Dr. Sergio Ramiro Tejada, que no presenta antecedentes que justifiquen su tarea de Auxiliar de un Juez y mucho menos del manejo de la obra social de los marineros.
Tejada, administrador de hecho de una de las cajas más importantes derivadas de la intervención del SOMU, “ha sido propuesto por el mismo organismo que lleva a cabo el control interno y externo de los actos del designado, quien, ante cualquier eventualidad (permítaseme la ironía), es el cuñado del Juez que dispuso la intervención judicial”, sostiene la presentación de Salomón.
“Se advierte entonces que a lo largo de un año un grupo de personas continúa ejerciendo funciones al frente de una obra social sin sustento jurídico, ni normativo, ni administrativo de ninguna índole, arbitrando medidas sin ningún control legal interno, en perjuicio no sólo de los afiliados de la entidad, y del patrimonio de la misma, sino incluso frente a terceros que a diario celebran contratos vinculados a la prestación del servicio de salud con personas que claramente no se encuentran legitimadas para representar a la Obra Social del Personal Marítimo”, explica la recusación.
El asunto vuelve a tomar relevancia cuando Canicoba empieza a disparar fallos que demuestran sus pretensiones de sostener en el tiempo el pacto político judicial que mantiene intervenido el SOMU y que reparte cajas entre el juez y Cambiemos, administrador de hecho del gremio.
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