La empresa, dedicada a la fabricación de productos para panaderías, como levaduras y grasas, denunció hoy que mantienen su planta de Lanús bloqueada desde hace más de un mes a raíz de un conflicto sindical que paraliza su producción.
La compañía Calsa publicó hoy solicitadas en diarios para advertir que el sindicato de la alimentación «no acató la conciliación obligatoria» dictada por las autoridades y que «un grupo minoritario de trabajadores mantiene el bloqueo total» de la planta de Lanús donde «impide el ingreso y egreso de personas y vehículos».
«Este accionar ilegal provoca hechos de violencia, desmanes, daños materiales e intimidaciones entre los propios compañeros que han manifestado públicamente su intención de ingresar a trabajar», advirtió la empresa.
Y, resaltó que ante esa situación «la planta se encuentra paralizada y hasta ahora la policía no ha cumplido con la resolución que ordena garantizar la libre circulación».
También recordó que había radicado denuncias en la justicia con resoluciones favorables a su pedido, se sigue «demorando injustificadamente su accionar para restablecer el orden y la legalidad».
La empresa acusó al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la provincia (STIAPBA) de no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo el 29 de mayo en el marco de un conflicto del sector que comenzó en enero con el despido de tres empleados.
Según Calsa, los despidos «obedecieron a causas disciplinarias y de falta de actitud laboral» y derivaron en el pago del «100 por ciento de las indemnizaciones».
La compañía admitió que realizó «nuevas desvinculaciones» luego «ante el agravamiento del conflicto y distintas conductas ilegales cometidas por un grupo de empleados que inició una medida de fuerza» y si bien propuso la reincorporación de éstos esa oferta no fue aceptada por los delegados sindicales.
El comunicado de Calsa vuelve a poner en evidencia la falta de voluntad para destrabar la situación por parte de la multinacional de capitales ingleses. Mientras que exigen que se acate la conciliación obligatoria insisten en no reincorporar a los despedidos.
Además, la decisión de la empresa de avanzar en judicializar la protesta abona al sostenimiento de un conflicto que se desató por un despidos y fue in crescendo a medida que los empleados pedían el fin de los actos arbitrarios.
A diferencia de la mayoría de las situaciones de cesantías y despidos, en Calsa no hay motivación económica. La empresa no está ni estuvo en crisis. La matriz de estos despidos está vinculado a apartar a quienes se organizaban gremialmente.
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