Anticipan una «batalla judicial y política» de los gremios para frenar el decreto que desmantela al INTA

Por Eduardo Porto (@periferiacts) – El sindicato de trabajadores del INTA (APINTA) prepara amparos y tomas simbólicas contra el decreto de Milei que recorta la autonomía del organismo. También buscarán respaldo de legisladores para frenar los cambios en el Congreso.

La reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desató una fuerte reacción sindical y abrió el escenario para una disputa judicial que podría escalar al Congreso. Desde la Asociación del Personal del INTA (APINTA) confirmaron que presentarán amparos judiciales y realizarán tomas simbólicas de edificios en rechazo al decreto del gobierno de Javier Milei, que modifica profundamente el funcionamiento del organismo.

«Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos», anticipó Mario Romero, secretario general del gremio. El sindicalista aseguró que las tomas que se realizarán serán de carácter simbólico, y que también buscarán apoyo de gobernadores para frenar la medida en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

El cambio en el INTA

El decreto establece una transformación estructural del INTA. El Consejo Directivo pasará a convertirse en un Consejo Técnico, se eliminará su autarquía, y todo su manejo financiero quedará bajo el control de la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Economía. Además, universidades y la organización Aacrea perderán su representación en el directorio, y el organismo ya no podrá crear estaciones experimentales por decisión propia. Su presidente, además, tendrá rango de secretario de Estado y mayores atribuciones. Pero esto es solo el comienzo, desde el gobierno aseguran que la reforma finalizará con el cierre del Instituto.

«Esto que hicieron es la destrucción del INTA; vamos a ser un INTA muy chiquito, quieren un organismo de ciencia comprando los paquetes tecnológicos afuera«, advirtió Romero. Y agregó que la reforma propone “un INTA unitario, con una mirada particular de la pampa húmeda y de espaldas a las economías regionales”. Según sus estimaciones, podrían quedar cerradas 300 unidades de extensión, se pondrían en venta campos experimentales, y 1500 trabajadores quedarían en disponibilidad.

«Esperemos poder frenarlo en la Cámara de Diputados y el Senado, si no con la Justicia», sentenció el titular de APINTA. También lanzó críticas a la Mesa de Enlace, a la que acusó de no tener el mismo compromiso que en otras épocas: “Le aumentan las retenciones y no dice nada”.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también cuestionaron con dureza el decreto. Julieta Boedo, delegada del gremio, sostuvo: “Este decreto es lo que necesitaban definitivamente para implementar este plan sistemático de llevarse todo puesto. Con el verso de la casta se quedan con todas las cajas de todos los organismos, sobre todo de los de ciencia y técnica”.

Boedo recordó que la autarquía del INTA está establecida por ley desde hace 70 años, y señaló que la reforma arrasa con su funcionamiento, su patrimonio y pone en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores: “Ahora van a estar a merced de lo que disponga el Ministerio de Desregulación”, advirtió.

Según remarcó la gremialista, el organismo logró sostenerse durante décadas gracias a su estructura de gobernanza público-privada, atravesando distintos gobiernos sin perder sus objetivos. Sin embargo, ahora quedará bajo control directo de una sola persona: el presidente del INTA.

Desde el oficialismo justificaron la medida con un comunicado en el que señalan que el INTA, junto con otros entes públicos, forma parte del conjunto de organismos “ineficientes” que deben ser transformados. “La dotación del INTA supera los 6000 agentes y tiene un presupuesto anual aproximado de $229.000 millones”, detallaron.

Batalla judicial y parlamentaria

Mientras el Ejecutivo avanza con su plan, desde los gremios ya organizan una batalla judicial y parlamentaria para intentar frenar lo que consideran un desguace del sistema científico estatal.

En ese sentido, los amparos que se preparan girarán en torno a los argumentos del decreto y cómo se fundamentaron las decisiones que le quitan autonomía a los organismos y su capacidad de disponer de su presupuesto. El fuero Contencioso Administrativo Federal será el elegido para llevar adelante los reclamos.