Una auditoría realizada por la Administración Provisoria que impuso la justicia en la obra social de los peones de campo y trabajadores rurales, OSPRERA, reveló que hubo “malversación de fondos”, “administración fraudulenta” y “asociación ilícita” durante la gestión de Pablo Ansaloni.
Este informe será elevado al tribunal en los próximos días cuando se termine de recopilar información sobre la situación de las filiales del interior que presentaron un panorama mucho más crítico aún por los cortes de servicios y la suspensión de prestaciones por falta de pago.
El informe señaló que la Administración judicial describió la situación económica de la entidad como grave; con un déficit financiero que asciende a los $ 13.000 millones de pesos a diciembre de 2022. Eso explica en gran parte la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país.
El gasto injustificado de un plazo fijo de $ 4.000 millones que tenía la entidad y que al mes de marzo pasado solo quedaban 338 millones de pesos. El drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero; coincidentemente con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y que fue derrotado en las elecciones de diciembre pasado.
También se constató que la Osprera recibió $ 1.700 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones ni hay justificación de esos gastos.
Se descubrió que había una industria de los juicios dentro de la Osprera que consistía en una generación de juicios por diferencias salariales y pagos en negro. Hoy ese engranaje delictivo está desarticulado, aunque la Osprera deberá continuar con causas abiertas e inventadas que implicará pagos y salida de fondos.
También encontraron inconsistencias en las cosas cotidianas: Se constató que Ansaloni, ya expulsado de la entidad la vice-presidencia de Osprera, seguía utilizando vehículos, celulares y personal de la obra social con fines personales. A eso se le sumó que su esposa y su peluquero eran empleados de la obra social.
Por todos estos hechos Ansaloni ya está imputado por los delitos de malversación de fondos y asociación ilícita y deberá dar explicaciones en la Justicia.
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