Con dos procedimiento simultáneos, la justicia investiga unas 40 amenazas a asociados para desafiliarse de la obra social de Santa Fe y ser traspasados a la obra social nacional que dirige Hugo Moyano. Los operativos se realizan por orden del fiscal Ríos Artacho.
La Tropa de Operaciones Especiales llevaba a cabo esta mañana dos allanamientos simultáneos en la sede de la obra social de la Federación de Camioneros de Santa Fe. Es el avance de una causa donde se investigan extorsiones a los afiliados.
Según consignó el portal Rosario 3, el procedimiento fue solicitado por el fiscal Mariano Ríos Artacho, quien ordenó secuestrar documentación vinculada a personas que denunciaron haber sido amenazadas con ser dadas de baja de coberturas médicas en caso que no desafiliarse del Sindicato de Camioneros provincial, que mantiene una interna con el mismo gremio pero a nivel nacional.
En el transcurso de la investigación de Ríos Artacho, las víctimas señalaron que a partir de esas extorsiones comenzaron a tener inconvenientes para conseguir medicamentos para familiares que tenían discapacidades o enfermedades.
En un caso, se aseveró que personas que decían ser de «seguridad de Camioneros» lo abordaron en la puerta del lugar donde se compran las órdenes de consulta (Tucumán al 1400) y le dijeron que perdería prestaciones en caso de no desafiliarse de Camioneros Santa Fe para ser asociado a Camioneros sede Buenos Aires.
Las víctimas expresaron que posteriormente fueron afiliadas al otro gremio de Camioneros «sin consentimiento». Y agregaron que además empezaron a pagar más caras las prácticas que se realizaban.
El mes pasado los afiliados y afiliadas de la obra social habían encarado una marcha reclamando “la inmediata restitución de los servicios asistenciales”. Allí denunciaron que “la ausencia de prestaciones obedece a un apriete ordenado desde la conducción nacional”.
La Obra Social de la Federación de Camioneros de Santa Fe ya sumó más de 40 causas penales por abandono de persona y los afiliados también habían señalado que “se trata de una maniobra extorsiva en contra del sector gremial disidente de Santa Fe”.
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