A dos meses del cierre, ILVA aún no pagó las indemnizaciones y los 300 trabajadores siguen acampando en Pilar

ILVA, la histórica cerámica de Pilar mantiene sus puertas cerradas desde septiembre y no abonó las compensaciones a los 300 empleados despedidos. La empresa pidió la apertura de un concurso de acreedores mientras los trabajadores continúan resistiendo frente a la planta.

A dos meses del cierre de la fábrica ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, los 300 trabajadores despedidos siguen sin recibir sus indemnizaciones ni los sueldos adeudados, mientras permanecen en un acampe permanente frente a la planta. La empresa, que cesó su actividad el 29 de agosto, alegó una crisis económica y presentó un pedido de concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Comercial, en un intento por ganar tiempo frente a los reclamos laborales y financieros.

“Desde el 1° de septiembre que salieron los telegramas, todavía no pagaron nada. Nos deben un mes y medio de sueldo y además nos dejaron sin obra social”, denunció Marcelo Barrionuevo, delegado de los trabajadores a Pilar a Diario.

La compañía había comunicado su decisión de indemnizar con el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que reduce el monto de las compensaciones en casos de crisis o fuerza mayor, pero ni siquiera cumplió con ese esquema de pago.

El conflicto se agrava día a día, y este jueves, Día del Trabajador Ceramista, encontró a los obreros en un clima de desolación. “Siempre lo festejábamos con un asado, con las familias y los compañeros. Hoy lo pasamos acampando, esperando una respuesta”, expresó Barrionuevo.

La empresa ILVA, perteneciente a un grupo de capitales locales con larga trayectoria en la industria cerámica, solicitó ante el Juzgado Comercial N°12, a cargo del magistrado Hernán Diego Papa, la apertura del concurso preventivo de acreedores. Si la Justicia aprueba la medida, la firma podrá negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial y evitar embargos inmediatos, aunque los trabajadores temen que el proceso sirva solo para dilatar los pagos.

“El juez se tiene que acordar que en el portón hay 300 familias. No nos vamos a mover hasta que tengamos respuestas”, advirtieron desde el acampe.

Fuentes gremiales consultadas señalaron a medios locales que la presentación judicial no ofrece garantías concretas para los trabajadores despedidos, quienes además reclaman que la empresa mantiene operativas sus instalaciones y busca contratar nuevo personal, lo que despierta sospechas de una reapertura encubierta bajo otras condiciones.