El sistema para jubilaciones perderá en diciembre más de USD 5.000 millones al año por la informalidad y la entrada en vigencia del FAL

Un informe del CEPA estimó que la menor cantidad de trabajadores que aportan y la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en diciembre generarán una merma de recaudación de $7,8 billones en un año, equivalentes a más de USD 5.000 millones. El 54,5% de los ocupados no realiza aportes jubilatorios, una tendencia que se profundiza y que, sumada al envejecimiento poblacional, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

El sistema previsional argentino atraviesa una encrucijada que combina el deterioro del mercado laboral con decisiones de política económica que le restan recursos. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la combinación de la creciente informalidad laboral y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a partir de diciembre derivará en una pérdida de recaudación de $7,8 billones en un año, a valores de noviembre de 2026, lo que equivale a unos USD 5.065 millones. “Saluden al sistema previsional que se va”, advirtió el economista Hernán Letcher, director del CEPA, al señalar que la tendencia se profundiza desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El primer factor que explica esta sangría es la caída en la cantidad de trabajadores que realizan aportes. En el primer trimestre de 2026, sobre un total de 13.471.636 ocupados, solo el 45,2% (6.084.751 personas) aporta al sistema, mientras que el 28,3% (3.815.499) no lo hace y un 26,2% (3.529.116) no registra datos. La suma de quienes no aportan y los que estarían en negro asciende al 54,5%. Esta mayor proporción de empleo sin aportes implica, por sí sola, una merma anual de $3,3 billones (USD 2.161 millones), equivalentes al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones. “La estimación debe leerse como una cota superior, ya que los trabajadores que pasan a la informalidad suelen percibir salarios inferiores al promedio formal”, aclara el CEPA.

A esta pérdida estructural se le suma el impacto del FAL, el fondo creado por la reforma laboral para financiar indemnizaciones. El mecanismo se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones para las MiPyMEs y del 1% para el resto de los empleadores privados, pero ese aporte no representa un costo adicional: se detrae de las contribuciones patronales que hoy financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares. En su primer año de vigencia (diciembre 2026 a noviembre 2027), la merma alcanzaría los $4,3 billones, explicando el 57% del total de la pérdida estimada. En los primeros 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones.

El panorama se agrava si se observa la evolución a mediano plazo. El CEPA proyecta que, en el segundo año del FAL (diciembre 2027 a noviembre 2028), la pérdida ascendería a $4,7 billones, con un promedio mensual de $373.392 millones y picos en los meses de aguinaldo. “La gran duda es si la recaudación del sistema previsional va a resistir la combinación del traspaso progresivo de personas en relación de dependencia al monotributo, la pérdida de puestos de trabajo, el incremento de la informalidad y el Fondo de Asistencia Laboral. El conjunto de esas cuatro razones va a tensionar de manera sustancial los recursos de la seguridad social en un plazo relativamente corto”, sostuvo Letcher.

A los factores mencionados se suma el desafío demográfico del envejecimiento poblacional. Un trabajo del IDESA, citado por el mismo medio, advierte que el gasto previsional de la ANSES ya representa el 6,8% del PBI y, sumando las cajas provinciales, alcanza el 8,9%. Para 2050, se proyecta que el pago de jubilaciones y pensiones le insuma al Ejecutivo nacional un 1% más del PBI. “Dado que hay cada vez más gente que trabaja en la informalidad y que no hace aportes previsionales a futuro, el Estado va a tener que poner dinero de rentas generales para pagar las jubilaciones futuras. Una gran cantidad van a ser la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM)”, explicó Jorge Colina, director de IDESA, al alertar sobre el costo fiscal que implicará sostener un sistema con cada vez menos aportantes y más beneficiarios.