El sector acumula más de un centenar de fábricas cerradas, una caída del 43% del empleo y el impacto de las importaciones y el contrabando. La Matanza concentra más de la mitad de las empresas y ya perdió casi 5.000 puestos. Un proyecto en la Legislatura bonaerense busca declarar la emergencia con beneficios impositivos y protección frente a los cortes de servicios.
La industria del calzado bonaerense atraviesa una de las peores crisis de su historia. En los últimos tres años, el sector perdió casi 10.000 puestos de trabajo formales y alrededor de 100 empresas cerraron sus puertas a raíz de la caída del consumo y las importaciones indiscriminadas de Bangladesh y China, a lo que se suma el contrabando que ingresa por el norte del país, según denunció Horacio Jerez, secretario Adjunto de UTICRA, el sindicato del calzado.
La situación es especialmente crítica en la provincia de Buenos Aires, donde el sector perdió el 43,3% de sus puestos de trabajo en tres años y cerró 147 establecimientos, concentrando el 60,5% de las fábricas que bajaron sus persianas en toda la Argentina.
El partido de La Matanza es el epicentro del derrumbe. Allí se radica más del 50% de las industrias de calzado del país, especialmente en localidades del primer cordón como Lomas del Mirador, San Justo, Ramos Mejía y La Tablada. Solo en el segundo semestre de 2025, la actividad productiva del sector en ese distrito se redujo un 48% respecto al mismo período de 2024, y desde noviembre de 2023 acumula 4.859 empleos menos. «Estamos abajo del 50% el último año. La baja fuerte empezó a mitad del año pasado y hoy ya es pura pérdida. Vender cinco pares por día no alcanza ni para pagar la luz», describió Lito Albano, titular de la marca Luna Chiara.

El impacto del cierre de fábricas trasciende lo estrictamente laboral. En Coronel Suárez, la salida de la firma DASS, que fabricaba zapatillas deportivas, dejó a «todo un pueblo golpeado». El desplome del calzado deportivo es el más abrupto de toda la industria: el empleo en ese rubro cayó un 76,1%, pasando de 1.621 a solo 387 puestos de trabajo. A la caída del consumo interno, donde la producción sectorial se derrumbó un 23,7% interanual en el último semestre, se le suma la competencia desleal del contrabando: se estima que ingresan al país alrededor de 6 millones de pares por año por pasos fronterizos sin control, alimentando un circuito informal de unos 156 millones de dólares que no tributa un solo peso.
Frente a este panorama, la Legislatura bonaerense debate un proyecto para declarar la emergencia del sector por un año. La iniciativa, presentada por el diputado matancero Facundo Tignanelli, propone beneficios impositivos, protección frente a cortes de servicios, prioridad para la industria bonaerense en las compras del Estado y medidas contra el ingreso de importaciones y el contrabando. En el Congreso Nacional, la diputada Luciana Potenza, también de La Matanza, presentó un proyecto complementario que incluye la derogación del Decreto 236/2025, que redujo los aranceles de importación del calzado del 35% al 20%. El gremio y la cámara empresaria planifican además una marcha conjunta de trabajadores y empresarios ante la Secretaría de Comercio para visibilizar la crisis y campañas de concientización para promover el consumo de producción local.




