Proponen multar a las plataformas tipo Uber en Córdoba por asignar viajes a conductores sin habilitación

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante busca que las empresas de aplicaciones de transporte reciban sanciones cuando asignen viajes a conductores o vehículos que no estén inscriptos en el Registro Digital Municipal. La iniciativa se suma a la tensión existente entre taxistas, plataformas y el municipio, que ya endureció los controles con multas de hasta $6 millones.

Un nuevo proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante de Córdoba propone que las multas por viajes sin habilitación recaigan directamente sobre las plataformas de transporte, como Uber y DiDi, cuando asignen servicios a conductores o vehículos que no estén inscriptos en el Registro Digital Municipal. La iniciativa, que comenzó a discutirse en la Comisión de Servicios Públicos, apunta a corresponsabilizar a las empresas tecnológicas por el cumplimiento de la normativa vigente y a descomprimir un conflicto que tiene a los taxistas en pie de guerra por lo que consideran una «falta de controles» sobre las aplicaciones.

El proyecto establece una serie de requisitos que ya rigen para la actividad, pero que el municipio busca reforzar. Entre las exigencias figuran la presentación de una póliza de seguros conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la inscripción en el Registro Digital Municipal, que requiere licencia de conducir profesional clase D1, certificado de antecedentes penales y de no inscripción en el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, y que los vehículos tengan una antigüedad máxima de 10 años y motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos. El servicio estaría limitado a 12 horas fraccionadas por día y las tarifas funcionarían bajo un sistema mixto con un valor mínimo obligatorio y otro dinámico notificado al usuario.

El principal argumento del municipio para avanzar con las multas a las plataformas es la escasa inscripción de conductores. Según datos oficiales, de los aproximadamente 40.000 choferes que operan en la ciudad, solo 1.000 vehículos están registrados en el sistema municipal, una cifra que el subsecretario de Movilidad Urbana, Eduardo Ramírez, atribuyó a una «costumbre» de los conductores y a la falta de voluntad para regularizarse. «Después de tres meses tenemos muy pocos inscriptos», reconoció el funcionario, quien advirtió que se implementarán «controles más exhaustivos que incluirán multas para aquellos que no se registren». Las sanciones vigentes para los conductores no registrados oscilan entre $2 millones y $6 millones, y en unos 4.000 casos ya se dispuso el remolque e incautación de las unidades.

Los taxistas, que vienen protestando desde hace tiempo por lo que consideran un descontrol en la regulación, celebraron el endurecimiento de los controles, aunque advirtieron que las multas a los choferes no alcanzan si las plataformas no son sancionadas. «La actividad ha caído en general debido a factores económicos», reconoció Ramírez, quien insistió en que el municipio busca «un equilibrio en la regulación del transporte». La ordenanza que legalizó las aplicaciones en Córdoba generó un fuerte descontento entre los trabajadores del volante, que exigen mayor fiscalización sobre las empresas tecnológicas y sus conductores.

Desde Uber, su gerente de comunicaciones para el Cono Sur, Juan Labaqui, calificó la iniciativa como «inédita» y sostuvo que «busca limitar y eliminar fuentes de ingreso». Según la empresa, más de 15.000 personas utilizan la aplicación para generar ingresos en Córdoba, y la reducción a un cupo de 3.998 vehículos habilitados, el punto más conflictivo del proyecto, dejaría fuera a la mayoría de los conductores actuales. DiDi, por su parte, continúa sin completar su registro municipal y ya fue intimada por el municipio para que exija a sus conductores el cumplimiento de la ordenanza.

En paralelo, el concejal Martín Juez presentó un proyecto de amnistía para los más de 11.000 conductores multados por operar con aplicaciones, al considerar que muchos no podrían afrontar las sanciones de $3 a $5 millones y, por lo tanto, tampoco podrían inscribirse en el sistema municipal. «Lo que estamos presentando es un perdón administrativo», explicó el edil, que también plantea eliminar el cupo de 4.000 vehículos habilitados. La discusión en el Concejo Deliberante promete ser intensa, con un oficialismo que busca corresponsabilizar a las plataformas y una oposición que advierte sobre el impacto económico de las multas y el cupo en miles de familias que dependen de las aplicaciones para vivir.