La Intersindical de Derechos Humanos exigió la derogación de la ley de baja de edad de punibilidad

La Intersindical de Derechos Humanos rechazó la normativa que reduce la edad de punibilidad a los 14 años a nivel nacional y reclamó priorizar la inversión en las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Además, expresó su solidaridad con la jueza Marta Pascual, quien suspendió la ley en la provincia de Buenos Aires por 60 días y recibió «graves ataques del gobierno nacional, el aparato judicial y mediático».

La Intersindical de Derechos Humanos emitió un comunicado bajo la consigna «NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD» en el que exigió la derogación de la ley de baja de edad de punibilidad a los 14 años a nivel nacional.

La organización, que condensa gremios de la CGT y las dos CTA, sostuvo que en lugar de avanzar con reformas penales, es necesario «priorizar la inversión e implementación efectiva de las leyes de protección integral de niños, niñas y adolescentes», y reclamó la garantía del presupuesto necesario para políticas sociales, educativas y territoriales.

El texto también expresó su solidaridad con la jueza Marta Pascual, quien dio lugar a la suspensión de esta ley en la provincia de Buenos Aires por 60 días y recibió «graves ataques del gobierno nacional, el aparato judicial y mediático». La magistrada había suspendido preventivamente la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en el ámbito bonaerense, en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo fundamentado en la falta de condiciones materiales e institucionales para su implementación.

Con esta declaración, la Intersindical de Derechos Humanos reiteró su postura contraria a la baja de la edad de punibilidad y respaldó a quienes cuestionan judicialmente la aplicación de la norma.