El salario estatal se desplomó un 40,5% y la mora crediticia se disparó 3,4 veces: un informe de ATE Capital expuso el deterioro de los ingresos de los trabajadores públicos

Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gobierno de Javier Milei licuó el poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, mientras la morosidad alcanzó niveles récord. El informe de ATE Capital revela que casi uno de cada cinco estatales está en mora y que las fuerzas de seguridad concentran los peores índices de endeudamiento.

El salario real de los trabajadores de la Administración Pública Nacional se desplomó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, según el informe «Endeudados por Milei» elaborado por ATE Capital. El documento, que analiza la evolución de los ingresos y la mora crediticia en el sector público, sostiene que esta licuación fue una «decisión política consciente» del gobierno de Javier Milei para utilizar los sueldos estatales como ancla inflacionaria y fuente de ajuste fiscal. «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario», sentenció el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

El propio Presidente reconoció esta estrategia. En una entrevista radial, Milei afirmó: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña». El informe de ATE Capital, basado en datos del Banco Central, muestra que la quita salarial en dos años y medio superó a la de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Cada punto recortado del salario real, según el análisis, se tradujo en un incremento de la mora crediticia.

La consecuencia directa del ajuste salarial fue una explosión del sobreendeudamiento. La tasa de trabajadores estatales en mora crediticia irregular (Situaciones 3 a 5 del BCRA) pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026, es decir, se multiplicó por 3,4. En términos absolutos, casi uno de cada cinco empleados públicos está en situación de mora, y el 80,7% de ellos ya se encuentra en riesgo alto o directamente irrecuperable (Situaciones 4 y 5), lo que implica que, con los salarios actuales, les resulta «materialmente imposible regularizar o refinanciar sus deudas».

El informe documenta que el recorte de ingresos corrientes empujó a cientos de miles de trabajadores fuera del circuito bancario regulado hacia plataformas de crédito no bancarias con tasas de interés usurarias, habilitadas por la desregulación impulsada por el Gobierno. «De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo», denunció Catalano. Los datos son elocuentes: mientras el Banco Nación concentra 24.407 trabajadores en mora (8,56%), la financiera digital Moni Online registra una tasa de incobrabilidad del 60,53% entre sus 5.832 clientes estatales.

El informe de ATE Capital revela una clara segmentación del impacto. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad son las que presentan la mayor vulnerabilidad financiera, con tasas de mora que van del 20% al 30%. El Ejército encabeza el ranking con un 30,1%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal (28,5%), la Policía Federal (24,2%), Gendarmería (24,1%) y Prefectura (21,9%). Este dato coincide con un informe previo del diputado Sergio Palazzo, que ya había alertado que uno de cada cuatro efectivos de las fuerzas no podía pagar sus créditos.

La asimetría territorial es igualmente brutal. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la mora alcanza el 9,56%, en provincias del Norte y la Patagonia supera el 25%. La Rioja encabeza el listado con un 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%) y Salta (26,33%). «En la Capital la tasa es menos de un tercio que en La Rioja», subraya el informe.

Frente a este escenario, ATE Capital exige al Poder Ejecutivo «responsabilidad política inmediata» y la «reapertura urgente y libre de paritarias» para recomponer el 40,5% del salario arrebatado. El pliego también incluye la actualización de la canasta del IPC para que refleje el costo de vida real, la condonación de la deuda usuraria y el establecimiento de topes legales a las tasas de interés que aplican las entidades no bancarias sobre los haberes de los trabajadores estatales.

«Los datos que arroja nuestro informe son alarmantes: la política confiscatoria del Gobierno sobre nuestros salarios se ve reflejada casi directamente en el aumento de la deuda incobrable. No es un error no forzado, es una consecuencia directa del modelo», concluyó Catalano, en un documento que pinta un panorama desolador para el empleo público y advierte sobre los costos sociales de la estrategia económica del oficialismo.

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